Con la primera quincena de enero ya consumada, el Gobierno nacional avanzó en el blindaje del cronograma legislativo en el Senado con el objetivo de aprobar la ley de reforma laboral durante la primera quincena de febrero. El oficialismo maneja fechas tentativas de sesión entre el martes 10 y el jueves 12 del mes próximo.
En paralelo a las recorridas provinciales y a los encuentros del ministro del Interior, Diego Santilli, con gobernadores, La Libertad Avanza terminó de ordenar el esquema parlamentario que deberá atravesar antes de llegar al recinto. El primer paso será la convocatoria a un nuevo período de sesiones extraordinarias, que la Casa Rosada evalúa activar a partir del lunes 2 de febrero, aunque sin urgencias para acelerar los tiempos. Las ordinarias comenzarán el domingo 1 de marzo, con la presencia del presidente Javier Milei en el Congreso.
El armado técnico estará a cargo de una comisión encabezada por la abogada Josefina Tajes, que desde este domingo comenzará a recopilar las sugerencias de modificaciones y los reclamos planteados por la oposición dialoguista. En ese mismo ámbito también serán analizados los pedidos elevados por la CGT, en un escenario donde los gremios, aun distantes del Gobierno, buscan hacer oír su posición. Por el contrario, desde el kirchnerismo no hubo señales, situación que genera malestar en otros sectores del peronismo con representación en la Cámara alta.
A partir del lunes 26 de enero, la jefa del oficialismo en el Senado, Patricia Bullrich, iniciará una ronda de reuniones presenciales con legisladores de la oposición dialoguista. Hasta entonces, no se esperan definiciones de peso. Bullrich conduce un interbloque de 21 senadores y necesita alcanzar los 37 para garantizar el quórum y habilitar el debate en el recinto.
Bajo este escenario, el oficialismo deberá negociar con la UCR, que cuenta con 10 bancas; el PRO, reducido a tres senadores, y bloques provinciales que no siempre responden de manera directa a los gobernadores. Al menos una fuerza del interior ya comprometió su acompañamiento, lo que refleja acuerdos políticos y operativos previos que trascienden el contenido puntual del articulado.
Una vez pulidos los eventuales cambios al dictamen de mayoría firmado en diciembre pasado, La Libertad Avanza deberá definir la estrategia para el tratamiento en el recinto, con votaciones en general y en particular. La tarea quedará en manos de Bullrich, quien además será la miembro informante en su rol de presidenta de la Comisión de Trabajo y Previsión Social.
En ese contexto, una fuente de peso del oficialismo aseguró que perciben un “buen acompañamiento” tanto del PRO como de la UCR y remarcó que el Gobierno prefiere avanzar con cautela. “Cuando se debaten este tipo de leyes hay que mirar más la película que la foto”, sintetizó.
En paralelo, en el Senado se encendieron alertas por la situación administrativa del prosecretario de Coordinación Operativa, Manuel Ignacio Chavarría, recientemente designado como autoridad de la Central Hidroeléctrica Yacyretá. El funcionario solicitó una licencia ad honorem en lugar de renunciar, lo que le permitiría mantener contratos, personal a cargo y chofer en la Cámara alta, una situación que generó fuerte incomodidad en el ámbito parlamentario.
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