El Gobierno de San Juan anunció que iniciará acciones civiles contra los responsables identificados de falsas amenazas de bomba en edificios públicos, con el objetivo de obtener una indemnización por los perjuicios económicos que generan estos episodios. La decisión se da en un contexto donde, en lo que va del año, se registraron 20 amenazas falsas que movilizaron recursos policiales, Bomberos, División Anti Explosivos y requirieron la evacuación de los edificios afectados.
“Estas conductas, en donde el Estado Provincial es víctima, generan alarma social y desvían recursos públicos esenciales, constituyendo hechos de gravedad que no pueden quedar impunes”, expresaron desde el Ejecutivo provincial.
La iniciativa busca sancionar duramente a quienes realicen este tipo de amenazas y garantizar que el Estado reciba una reparación integral. En los casos donde se identifiquen menores de edad, se solicitará la intervención de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, para un abordaje que combine la dimensión legal y socioeducativa, con participación del entorno familiar y comunitario, o a través del Programa de Justicia Restaurativa Juvenil del Poder Judicial.
Según informaron, de los 20 casos registrados hasta el momento, solo dos generaron multas millonarias: la bioquímica que realizó una falsa amenaza al Hospital Rawson y los dos menores que llamaron a la Escuela Boero, en ambos casos con megaoperativos que incluyeron evacuaciones. En contraste, otras amenazas, como la realizada antes del show de Lali en el estadio Aldo Cantoni, solo recibieron condenas condicionales y multas menores, motivo por el cual Fiscalía de Estado apelará esos fallos.
Con esta estrategia, el Gobierno busca trasladar parte del tratamiento de estos casos al ámbito civil, sin dejar de acompañar las investigaciones penales, asegurando un control más estricto y medidas disuasivas ante la repetición de estas conductas.
Op: Juan Llarena
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