El gobierno de Javier Milei dio de baja tres asociaciones de defensa al consumidor: cuáles son los motivos
La medida se tomó mediante las disposiciones 539, 640 y 641 y establece que las asociaciones no presentaron documentación obligatoria.
Qué documentación se le requirió a las asociaciones de consumidores
De acuerdo a los documentos publicados en el Boletín Oficial, se trataba de una operatoria de fiscalización de las asociaciones de consumidores para verificar el cumplimiento de la normativa. A cada una, se le pidió el Informe de Gestión Anual que es obligatorio. Por eso, se intimó a las tres asociaciones otorgándole el plazo de cinco días hábiles desde la notificación para dar cumplimiento con la presentación del Informe y documentación complementaria correspondiente a 2023, bajo apercibimmiento de proceder a su remoción del Registro Nacional de Asociación de Consumidores. Al no recibir esa información, se procedió a la baja.
El Gobierno derogó 43 normas de control de precios, abastecimiento y trámites
El Ministerio de Economía encabezado por Luis Caputo dispuso este martes la derogación de una serie de normas vinculadas al comercio «que le permitían al Estado fijar precios, intervenir mercados y solicitar información innecesaria».
Al fundamentar la decisión, Economía explicó que las normas derogadas estaban «sin uso en la actualidad que, al estar vigentes, dejaban abierta la posibilidad de ser aplicadas para fijar precios, intervenir en la actividad privada y someter a los ciudadanos a requerimientos sin sentido».
Las normas eliminadas abarcaban controles en la carne vacuna, en alimentos lácteos, en comercios y grandes supermercados.
También establecían regulaciones en los servicios de comunicación y farmacias, y requerían pedidos de información a empresas e instituciones educativas.
Desde el Palacio de Hacienda detallaron que «se derogó, además, una norma que afectaba el flujo del comercio y elevaba el costo de los neumáticos», ya que «exigía trámites redundantes para acceder al proceso de homologación de neumáticos, que encarecían el costo de los mismos» y precisaron que «se eliminaron también programas en desuso que no están alineados con las políticas de simplificación que impulsa el Gobierno».
En el texto oficial, se argumentó que «las mencionadas derogaciones se llevaron a cabo con el objetivo de alinear las políticas de regulación del mercado interno a una administración pública de procesos tendientes a su simplificación».
Asimismo, el documento sostuvo que «las normas que establecen acuerdos y controles de precios generan distorsiones en el mercado y, consecuentemente, son perjudiciales para la consolidación de un sistema económico basado en decisiones libres, adoptadas en un ámbito de libre concurrencia y competencia; a su vez, no coinciden con el objetivo de promover la simplificación y desburocratización de los vínculos entre el sector privado y la Administración Pública Nacional».
En este contexto, la cartera conducida por Caputo remarcó que «estas medidas se suman a las 107 derogaciones realizadas por la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía desde el inicio de la gestión para disminuir las trabas burocráticas y promover la libre competencia».
Al respecto, recordaron que «entre las normas ya eliminadas para normalizar el Comercio Exterior, están las licencias automáticas y no automáticas; el SIRA y el DJCP que generaba costos por US$5 millones y un millón de declaraciones juradas anuales», mientras que «en la misma línea, para transparentar el Comercio Interior, se dio de baja el programa de control, Precios Cuidados, y el SIPRE, un régimen informativo de precios y cantidades, entre otros».
Fuente: Ámbito
Rivero. C
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