El “emprendimiento” del cabo: robó 90 cubiertas de la Policía de San Juan para abrir su propia gomería

Un insólito caso de presunta corrupción policial sacude a la fuerza de San Juan. Un cabo identificado como Narváez, quien prestaba servicios precisamente en el área de gomeros del Departamento de Automotores (D4), quedó formalmente vinculado a una causa judicial tras confirmarse el faltante de 90 neumáticos pertenecientes a la flota policial. Parte del material fue hallado durante una serie de allanamientos, y la principal hipótesis apunta a que el efectivo planeaba utilizarlas para inaugurar una gomería particular.

El hallazgo se produjo de manera casual. La fiscal Claudia Salica se encontraba al frente de una investigación por una ola de robos de ruedas de auxilio a vehículos particulares ocurridos entre junio y julio. Siguiendo una pista sobre un domicilio en el barrio Natania 20 donde presuntamente se acopiaban autopartes robadas, la Justicia ordenó un registro en la propiedad.

Allí, la dueña de casa declaró ante las autoridades que custodiaba las cubiertas a pedido de su cuñado, el cabo en cuestión, debido a que este no contaba con espacio suficiente para guardarlas y planeaba abrir un emprendimiento comercial del rubro.

Ante esta revelación, los investigadores procedieron al allanamiento del domicilio del policía y la incautación de su teléfono celular. Tras el operativo, el efectivo se presentó de manera voluntaria en una sede policial y quedó inmediatamente aprehendido.

Un arqueo e inventario posterior en los depósitos del D4 confirmó la gravedad de la maniobra: un faltante total de 90 cubiertas oficiales. De ese lote, las autoridades ya reconocieron e identificaron formalmente 28 unidades recuperadas durante las medidas judiciales, mientras que se desconoce el paradero de los 62 neumáticos restantes. La fiscal Salica aclaró que, en principio, el acusado no estaría involucrado en los robos a particulares que dieron origen a la causa, sino que aprovechó su acceso al área operativa de la fuerza para sustraer los insumos institucionales.

Tras la audiencia de formalización, la Justicia fijó un plazo de investigación de ocho meses para esclarecer el destino del material faltante. El imputado recuperó la libertad procesal, aunque deberá someterse a medidas restrictivas y presentarse cada 15 días en la comisaría de su jurisdicción mientras avanza la causa.