El Consejo de la Magistratura definirá la terna para Fiscal General antes del plazo constitucional

El Consejo de la Magistratura volverá a reunirse la próxima semana con el objetivo de definir la terna de candidatos para Fiscal General, uno de los cargos más relevantes del sistema judicial provincial. Si bien suena el martes como fecha tentativa, los consejeros terminarán de confirmarlo un día antes. El encuentro llega luego de que circularan versiones sobre una posible postergación de la decisión hasta después de las elecciones legislativas del 26 de octubre.

Sin embargo, el organismo está condicionado por un plazo constitucional: una vez notificada la vacante, cuenta con 60 días hábiles para elevar la terna a la Cámara de Diputados, término que vence el viernes 17 de octubre.

Será la tercera convocatoria para tratar el tema, luego de dos reuniones frustradas. La primera, prevista para el 22 de septiembre, se suspendió por la ausencia de la ministra de Gobierno, Laura Palma. La segunda, del 30 de septiembre, debió cancelarse por un problema de salud de la abogada Valeria Torres.

Mientras tanto, el oficialismo enfrenta un escenario adverso: no contaría con los votos necesarios para imponer al juez laboral Guillermo Baigorrí, su candidato principal. Baigorrí, actual camarista laboral con más de una década en el cargo, fue también dirigente político y legislador. Pero su postulación enfrenta resistencia de los representantes de la abogacía, Valeria Torres y Raúl Acosta, así como de la diputada Fernanda Paredes (uñacista).

Las objeciones apuntan a que Baigorrí “no tendría el perfil adecuado” para el rol de Fiscal General, quien debe coordinar el trabajo de los fiscales en el marco del sistema acusatorio penal. A su vez, persiste una tensión política subterránea entre el orreguismo y el uñacismo, con influencias cruzadas sobre los representantes del Consejo.

Según fuentes cercanas, los abogados habrían recibido presiones de ambos sectores. Desde el justicialismo, se les habría recordado el apoyo que los llevó a ocupar sus lugares; mientras que desde el oficialismo también se habrían intentado acercamientos para sumar voluntades, especialmente hacia Torres. No obstante, tanto ella como Acosta se mantienen firmes en su rechazo.

El oficialismo insiste en que su objetivo sigue siendo Baigorrí y, aunque se evaluó como alternativa al fiscal coordinador Ignacio Achem, finalmente la preferencia volvió al camarista laboral. Por ahora, no hay un plan B definido.

En el Consejo, compuesto por cinco miembros, se requieren tres votos para aprobar la terna. Aun cuando el quórum puede lograrse con tres consejeros, se acordó que los cinco integrantes estén presentes cuando se tome la decisión final.

La Constitución provincial, en su artículo 217, establece que “comunicada una vacancia por la Corte de Justicia al Consejo de la Magistratura, éste debe proponer la terna respectiva a la Cámara de Diputados dentro de los sesenta días de recibida la comunicación”. El plazo vence el próximo viernes 17, y el presidente del Consejo, Juan José Victoria, ya manifestó su intención de cumplir con los tiempos constitucionales.

En el plano político, una postergación podría interpretarse como una estrategia para evitar el costo electoral de que se conozca el nombre del candidato oficialista antes de los comicios. No obstante, los nombres ya circulan, y la presión por cumplir el cronograma institucional pesa más que las especulaciones políticas.

Si la vacante no se cubre en 90 días, la Corte de Justicia podrá designar un fiscal General interino, una posibilidad que el Consejo busca evitar con una definición en los próximos días.