El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó prorrogar dos años la misión de investigación en Venezuela

Los países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobaron este viernes prorrogar durante dos años más el trabajo de la misión internacional independiente para Venezuela, que en sus informes acusó al régimen de Nicolás Maduro de graves abusos, incluidos posibles crímenes de lesa humanidad.

La resolución que incluía esta prórroga fue aprobada por 23 votos a favor, seis en contra (Argelia, China, Cuba, Eritrea, Sudán y Vietnam) y 18 abstenciones en la última jornada de la 57ª sesión del Consejo. Hace dos años, se había renovado con 19 votos. El crecimiento evidencia la gravedad de la situación en el país caribeño.

La misión, creada por el propio Consejo de Derechos Humanos en 2019 y cuya labor es investigar violaciones de las libertades fundamentales en Venezuela desde 2014, está presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas�y la completan los expertos Francisco Cox, de Chile; y Patricia Tappatá, de Argentina.

El mes pasado, al presentar en Ginebra el último informe elaborado por su equipo, la presidenta de la Misión, Marta Valiñas, indicó: “Estamos presenciando una intensificación del aparato represivo del Estado�(…) Aunque esto es una continuación de patrones previos, la represión reciente, debido a su intensidad y carácter sistemático, representa un ataque muy grave a los derechos fundamentales del pueblo venezolano”.

Entre los hechos y conclusiones que resaltó es que la actual crisis que vive Venezuela “es la peor de la historia reciente” y que se ha alcanzado “un nuevo hito en el deterioro del Estado de derecho” tras las elecciones presidenciales del 28 de julio.

Para los miembros de la Misión, las autoridades públicas ya ni siquiera intentan fingir cierta independencia y la ciudadanía está totalmente indefensa ante la arbitrariedad porque muchas garantías judiciales han perdido su efectividad.

El informe, que inicialmente comprende el periodo entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto pasado, ha sido actualizado para cubrir los hechos previos y posteriores a los comicios.

Entre los casos documentados se encuentran 48 detenciones entre diciembre y marzo pasados bajo el cargo de conspiración, así como órdenes de arresto contra otras personas, que no solo son activistas, periodistas u opositores políticos, sino incluso militares.

Durante julio, en plena campaña electoral, hubo 120 detenidos, aunque otras 2.000 personas corrieron la misma suerte después del escrutinio, de acuerdo a datos de las propias autoridades, que las acusaban de terrorismo e incitación al odio. Según la Misión, entre éstos últimos había al menos un centenar de menores de edad, algunos con discapacidades.

“La Misión ya había advertido que el gobierno podía activar su aparato represivo a voluntad, y eso es lo que estamos viendo ahora”, dijo Cox, quien insistió en el clima de terror que vive la población.

En agosto pasado, Patricia Tappatá, una de las tres integrantes de la Misión, explicó a Infobae qué es lo que más le preocupa del clima postelectoral en Venezuela, analizó el patrón común de las detenciones y dijo que el grupo presta especial atención al hecho de que más de 100 niños, niñas y adolescentes fueron imputados por los mismos crímenes graves que las personas adultas.

“En nuestro último informe, en septiembre de 2023, concluimos que la maquinaria represiva del Estado�seguía vigente y podía activarse a voluntad de acuerdo a las circunstancias. Ahora estamos asistiendo no solo a la reactivación de esa maquinaria, sino a una reactivación acelerada y más extendida, en particular hacia los sectores más pobres�de Venezuela”, dijo la investigadora en conversación con este medio.

Y siguió: “Las muertes durante la primera semana de protestas postelecciones son inaceptables y deben ser investigadas de manera independiente. Eso resulta difícil en las actuales circunstancias porque el poder judicial, y en particular la Fiscalía, están actuando en sumisión a lo que dictan las más altas autoridades del gobierno. En nuestros informes anteriores llamamos la atención sobre la falta de independencia del sistema de justicia. No hay independencia entre los poderes en Venezuela”.

Tappatá dijo que la situación “es difícil también porque el clima de temor se generaliza mientras aumentan las detenciones. Nadie confía en nadie y se sospecha de los vecinos o de los amigos. Se promueve y estimula la delación para que personas que están en libertad o ya detenidas señalen a opositores -o a quienes el gobierno percibe como opositores-, o a los ciudadanos que eligen manifestar su desacuerdo con el Gobierno o con los resultados electorales del 28 de julio. Esto recuerda los tiempos más oscuros de otros países. Además, la detención de niños y niñas, entre 13 y 16 años, algunos con discapacidad, es totalmente desproporcionada y se lleva a cabo sin respeto por las reglas mínimas de protección de la niñez”, puntualizó.

Luego narró: “Antes de estas últimas elecciones, estuvimos investigado casos graves de desapariciones forzadas�y detenciones arbitrarias�de opositores políticos o personas que el Gobierno percibía como enemigos. Pero hoy, luego de que el gobierno comunicó los resultados electorales, estos casos se han incrementado. Así lo demuestran la detención de Freddy Superlano, de otros dirigentes con responsabilidades en la campaña o en la organización de la coalición opositora y las propias amenazas lanzadas contra Edmundo González y María Corina Machado”.

La Misión registró elementos comunes en las detenciones�ocurridas tras los comicios de julio. Al respecto, Tappatá�manifestó a Infobae: “Las personas, al ser detenidas, quedan en total indefensión ante la justicia�porque asistimos a una práctica que no tiene en cuenta las reglas del debido proceso”.