El bloquismo presentó su proyecto de ley para proveedores mineros mientras el Gobierno prepara el propio

Mientras el Gobierno provincial trabaja en la elaboración de un proyecto de ley para regular la participación de proveedores locales en la minería, el bloque del Partido Bloquista presentó su propia iniciativa en la Legislatura.

El proyecto establece metas de referencia para que las empresas mineras contraten hasta un 80% de mano de obra local y un 70% de proveedores sanjuaninos que presten servicios, produzcan bienes o ejecuten obras vinculadas a la actividad.

A diferencia de otros esquemas, esos porcentajes no serían obligatorios. Según la propuesta, su cumplimiento dependerá de la etapa en la que se encuentre cada proyecto minero y de la disponibilidad real de empresas y trabajadores locales.

El impulsor de la iniciativa es el diputado y presidente del bloquismo, Luis Rueda, quien explicó que el proyecto surgió a partir de la realidad del departamento Iglesia, donde se desarrollan grandes emprendimientos mineros como Josemaría y Filo del Sol. Ambos serán explotados por la empresa Vicuña.

La iniciativa fue elaborada junto al legislador iglesiano Gustavo Deguer y al diputado Federico Rizo, y también fue conversada con el intendente de Iglesia, Jorge Espejo.

Rueda aclaró que el objetivo no es competir con el proyecto del oficialismo, sino aportar una base de discusión. En ese sentido, señaló que cuando el gobierno de Marcelo Orrego presente su iniciativa, ambos textos podrán analizarse en conjunto para avanzar hacia una normativa consensuada.

Planes obligatorios para desarrollar proveedores locales

El proyecto del bloquismo no establece imposiciones directas en los cupos, pero sí exige a las compañías mineras la presentación obligatoria de un “Plan de Empleo Local y Desarrollo de Proveedores”.

Este documento deberá tener carácter plurianual y actualizarse cada año. Entre sus objetivos figuran la capacitación de trabajadores, el fortalecimiento de empresas sanjuaninas y la articulación con municipios y comunidades cercanas a los proyectos mineros.

La iniciativa también prevé sanciones en caso de incumplimientos, especialmente si las empresas no presentan la información requerida, brindan datos falsos o dificultan las tareas de control. También podrían ser penalizadas si no cumplen de manera reiterada e injustificada con los planes aprobados.

Registro provincial y prioridad para empresas sanjuaninas

Otro de los puntos centrales del proyecto es la creación del Registro Provincial de Proveedores Mineros, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Minería.

Para ser considerado proveedor local, una empresa deberá tener radicación real en San Juan durante al menos 12 meses, contar con un establecimiento productivo permanente y tener al menos el 80% de su plantilla con domicilio en la provincia.

El texto también fija un orden de prioridad para la contratación. En primer lugar estarán los trabajadores y empresas del departamento donde se desarrolle el proyecto minero; luego los de la zona de influencia; en tercer lugar los del resto de la provincia; y finalmente los de otras provincias cuando no exista oferta local suficiente.

Además, se establece una preferencia para los proveedores sanjuaninos en licitaciones o contrataciones, siempre que su propuesta técnica sea equivalente a la de sus competidores y su precio no supere en más de un 15% al de las empresas no locales.

La discusión sobre la participación de proveedores provinciales en la minería también se vincula con el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, que fija un cupo del 20% para proveedores “locales”. Sin embargo, la normativa nacional considera como locales a empresas de todo el país, lo que generó cuestionamientos desde San Juan y motivó la búsqueda de una regulación provincial específica.

Op: Juan Llarena