El alcalde de Nueva York, el demócrata Eric Adams, fue acusado por la fiscalía federal de los cargos de soborno, fraude y solicitud de donaciones ilegales al gobierno turco para su campaña a la alcaldía. La acusación, que se dio a conocer este jueves en la corte federal para el distrito sur de Nueva York, en Manhattan, convierte a Adams, exsenador estatal y excapitán de la policía, en el primer alcalde de esta ciudad en ser imputado mientras está en funciones.

Los cargos fueron presentados después de que los fiscales federales exigieran a la alcaldía que revele todas las comunicaciones entre la administración de Adams con Turquía y otros cinco países. Adams negó haber hecho algo indebido y además aseguró que se defenderá y no renunciará, aunque la gobernadora del estado, Kathy Hochul, tiene la potestad para destituirlo, luego de un proceso que empezaría con suspenderlo durante 30 días y darle la oportunidad de escuchar su defensa.

Según la acusación de 57 páginas, luego de que Adams se convirtiera en presidente del condado de Brooklyn en 2014, y por cerca de una década hasta llegar a la alcaldía, «buscó y aceptó beneficios valiosos e indebidos», como viajes internacionales de lujo, incluso de empresarios extranjeros acaudalados y al menos un funcionario del gobierno turco que buscaba tener influencia sobre él.

La denuncia indica que en 2018, tras dar a conocer su intención de ser candidato a la alcaldía, aceptó y buscó contribuciones ilegales para su campaña en 2021, así como otros bienes de distinto valor. A medida que el poder de Adams crecía, sus benefactores extranjeros buscaron sacar provecho de esas relaciones, particularmente cuando, en 2021, quedó claro que sería el próximo alcalde de la ciudad.

Adams tiene puesta su mirada en la reelección y, según este documento, ya estaba planificando solicitar más contribuciones  supuestamente ilegales. La acusación indica que las donaciones de contribuyentes ricos habrían sido encubiertas a través de testaferros en EE.UU. y que las empresas lo hicieron por medio de varios empleados, evadiendo así la ley que busca prevenir la influencia extranjera en las elecciones estadounidenses y reducir el poder corporativo en la política.