Echaron al penitenciario que chocó cuando iba al penal con 1,08 de alcohol en sangre
El gobernador Marcelo Orrego firmó el decreto de cesantía del oficial subadjutor Eduardo Antonio Manrique. El agente protagonizó un siniestro vial en mayo de 2024 cuando se dirigía a cumplir funciones en el Servicio Penitenciario: conducía con alcoholemia positiva, sin licencia, seguro ni RTO.
Eduardo Antonio Manrique fue cesanteado del Servicio Penitenciario Provincial de San Juan. La medida quedó oficializada mediante un decreto firmado por el gobernador Marcelo Orrego y la ministra de Gobierno, Laura Palma, luego de que un sumario administrativo determinara que el agente incurrió en graves incumplimientos durante un episodio ocurrido en mayo de 2024.
El hecho se registró la mañana del 12 de mayo de ese año, cerca de las 8:45, cuando efectivos de la Comisaría 23ª de Rivadavia encontraron un Ford Fiesta que había chocado contra un poste de alumbrado público. Al identificar al conductor, constataron que se trataba de un oficial subadjutor del Servicio Penitenciario que se dirigía a cumplir su turno de guardia en el penal de Chimbas.
La investigación posterior estableció que Manrique conducía sin Licencia Nacional de Conducir vigente, sin Revisión Técnica Obligatoria (RTO) y sin seguro. Además, el análisis realizado por el Laboratorio Policial determinó que tenía 1,08 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del límite permitido para conducir.
Si bien la causa penal fue desestimada debido a que el siniestro no provocó heridos, el expediente administrativo continuó su trámite dentro del Servicio Penitenciario. La instrucción concluyó que el agente incurrió en una conducta incompatible con las obligaciones del cargo, al presentarse en esas condiciones para cumplir funciones en un establecimiento carcelario, afectando la disciplina y el prestigio de la institución.
El Gobierno provincial también valoró dos antecedentes disciplinarios que figuraban en el legajo de Manrique. Con esos elementos, y tras los dictámenes de las áreas jurídicas competentes, resolvió aplicar la máxima sanción prevista por la normativa: la cesantía.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial de San Juan, con lo que quedó formalmente desvinculado del Servicio Penitenciario Provincial.
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