En una audiencia celebrada el viernes, el juez de Garantías, Javier Figuerola, dictó 30 días de prisión domiciliaria para Carlos Romero, propietario del horno calero donde falleció el trabajador Marcelo Oro, de 34 años, el pasado miércoles. Romero enfrenta cargos por homicidio culposo, lo que ha desatado un intenso debate sobre la seguridad laboral en la industria.
La Fiscalía, representada por Nicolás Schiattino, había solicitado una prisión domiciliaria de tres meses y seis meses de Inhibición de Propiedad y prohibición de salida del país, argumentando que Romero podría interferir en la investigación. En contraste, la defensa, a cargo de Ricardo Lorenzo Mira, defendió la postura de que la actividad calera es la única fuente de ingresos de su cliente, y que Romero no tuvo participación directa en la tragedia.
Un aspecto alarmante que emergió durante la audiencia es que el horno calero había sido clausurado hace seis años por la Policía Minera debido a diversas irregularidades, aunque continuó funcionando, lo que pone en tela de juicio la regulación y supervisión en el sector.
La decisión del juez no solo implica medidas cautelares para el acusado, sino que también subraya la necesidad urgente de revisar las condiciones de trabajo en este tipo de instalaciones, donde la seguridad de los operarios puede estar en riesgo.
El caso de Carlos Romero ha abierto un debate sobre la responsabilidad empresarial en la seguridad laboral y las implicaciones legales que enfrentan los propietarios en situaciones similares. La comunidad espera que la investigación esclarezca los hechos y sirva de lección para mejorar las condiciones de trabajo en la industria.
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