Dos efectivos apuntan a un tercero en caso de joven golpeado con discapacidad
Dos de los tres policías imputados en la presunta paliza a un joven con discapacidad intentaron desligarse de la responsabilidad, señalando que solo su compañero sabe cómo se produjo el hecho. La víctima, identificada como Ochoa, sufre un retraso mental leve y resultó con el rostro ensangrentado, tres dientes perdidos y secuelas físicas y psicológicas que aún persisten.
El agente Fernando Aballay y el cabo Emanuel Paredes declararon ante la jueza Carolina Parra que no participaron directamente del ataque, y señalaron al cabo Diego Díaz, quien se abstuvo de declarar por recomendación de su abogado, como quien tendría conocimiento exacto de lo sucedido.
Según el fiscal Francisco Nicolía y el ayudante fiscal Emiliano Pugliese, los tres policías están imputados por apremios ilegales y lesiones gravísimas, tras un operativo ocurrido alrededor de las 19 del 19 de agosto del año pasado, en el ingreso al barrio La Estación, en Rawson.
Aballay relató que vieron a Ochoa a bordo de una bicicleta roja y que, al intentar entrevistarlo, el joven se dio a la fuga. “Yo los perdí de vista, y cuando llego Díaz lo tenía en el piso, boca abajo con sangre en la boca. Terminé de ponerle las esposas. Nos arrojaron elementos contundentes. Solo el cabo Díaz sabe qué ocurrió”, aseguró.
Una versión similar ofreció Paredes: “Yo me quedé con la bicicleta, se la dejé a una vecina y cuando llego lo veo a Díaz y a Aballay que ya lo tenían controlado. A Ochoa lo vi ensangrentado, no dejaba de perder sangre y por eso le solicité a Díaz que lo llevara al hospital. Por radio escuché que Ochoa se tropezó con un menor y después me lo dijo Díaz en la seccional 6ta., pero yo no vi nada de eso”.
A pesar de su intento de desligarse, los policías incurrieron en contradicciones: afirmaron no haber visto resistencia del joven, pero todos lo denunciaron por atentado y resistencia a la autoridad, sin aclarar por qué mencionaron ahora situaciones que no habían declarado anteriormente.
El caso sigue bajo investigación judicial, mientras la comunidad exige respuestas sobre el presunto maltrato a una persona con discapacidad.
POR LIC. EUGENIA VILA
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