Donald Trump, inmigración y el uso de la tecnología en los trámites de ciudadanía en EEUU

“De mis clientes, quienes residen con estatus migratorio -es decir, que no son ciudadanos, pero el Estado les ha aprobado alguna clase de permiso de permanencia- están preocupados por el futuro, en el sentido de qué pasará cuando deban renovar sus visas, o qué podría ocurrir en el caso de viajar fuera del país, al regreso”, dijo.

Para que quede claro: en Estados Unidos, los trámites por permisos de trabajo, negocios, familia y otros, se llevan a cabo en dependencias del United States Citizenship and Immigration Services -USCIS– que depende del Departamento de Seguridad Nacional que dirige Noem.

Pero cuando uno ingresa al país, por el medio que sea, es recibido por agentes que responden al Departamento de Estado -DOS– entidad completamente independiente de la antedicha, que les da, a sus representantes fronterizos, libertad para decidir si dejan o no ingresar a cada extranjero, no importa qué documentos presente.

En otras palabras, aunque suene falto de lógica, en Estados Unidos y tratándose de cuestiones migratorias, lo que una dependencia pública aprobó puede ser desconocido por la otra. Y si bien esto es así desde el atentado a las Torres Gemelas, la decisión del actual gobierno de endurecer los procesos fronterizos aumenta la libertad de los empleados del DOS para impedir la entrada a quien sea.

“Cada vez que alguien ingresa a Estados Unidos, el oficial que te toca decide, en el momento y con un alto grado de discrecionalidad, si te deja entrar o no, para qué y por cuánto tiempo” explica Ramiro Roballos, fundador de Tukki, una startup legal que lleva adelante procesos migratorios de 60 clientes, apalancada en sistemas trazables y automáticos, y con clara noción de servicio.

Roballos es porteño, vive y trabaja en Miami, y confiesa que se decidió a fundar su empresa luego de malas experiencias con abogados de inmigración. “Asesorar a alguien que tiene un proyecto de vida que depende de tu trabajo no es lo mismo que cualquier otra rama del Derecho -analiza- y en materia de inmigración hay mucho para mejorar, especialmente acá en Estados Unidos, donde los abogados son caros y mantienen una distancia con el cliente como si estuviéramos en el siglo 19”, asegura.

En el mismo sentido Virginia Mansilla, cordobesa, abogada con licencia para trabajar en Nueva York y Miami señala que “la cuestión inmigratoria está cambiando, pero no sólo para los migrantes, sino que está claro que los abogados no podemos seguir atendiendo como si la sociedad no avanzara”.

Desde Docta Legal, Mansilla propone primeras entrevistas “breves, pero sin cargo, en las que uno conoce al cliente, conversa, tiene un panorama (…) y después, tarifas más razonables, además de una cercanía necesaria, porque hoy día, trabajando con latinos, es imposible que uno no responda las llamadas o los mensajes, más en un contexto como el actual”.

Por otro lado, tanto Mansilla como Potros señalan a la Justicia y el Congreso estadounidenses como factores a considerar. “Hay derechos afectados por las órdenes ejecutivas del presidente, por ejemplo -explica Mansilla- al negar la ciudadanía a hijos de inmigrantes que nacen en este país (…) pero ya hay jueces federales que han bloqueado la ejecución de esas órdenes por su potencial inconstitucionalidad”.

Diversas encuestas señalan que, para la mayoría de la población de América Central y el norte de Sudamérica, además de México, la emigración a Estados Unidos es una posibilidad bien concreta en sus proyectos de vida.

Sin embargo, las cosas han cambiado a partir de la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca. “Nosotros vemos que ahora la gente entiende el riesgo que corre – analiza Roballos- mientras que hasta hace poco uno les explicaba y tendían a relativizar lo que les advertíamos”.

El crecimiento del uso de sistemas informáticos preparados para responder consultas legales -disciplina denominada Legaltech– más la Inteligencia Artificial Generativa están cambiando el panorama en relación con los servicios jurídicos. “La gente busca en Google, pero también le pregunta a Chat GPT, y viene a nosotros más informada. En ese sentido, entendemos que cada vez es menos importante poseer la información legal, y, más con los tiempos que corren, es fundamental que el cliente esté informado acerca de qué estamos haciendo en su caso, cuál es la documentación que usamos, quién de nosotros está trabajando en cada momento”.

Al ver la plataforma, es posible comprender que el proceso jurídico mediado por la tecnología es completamente trazable. Cada etapa tiene sus tiempos y su responsable, con tareas explicadas en una interfaz tipo tablero de control y canales de chat directos con los profesionales de Tukki.

“Incluso hay un aspecto clave del asesoramiento jurídico para inmigración, que es el acompañamiento, la parte humana. Tukki viene de una palabra en finés, que significa apoyo, respaldo. Cuando hablamos con inmigrantes mientras armábamos la startup, de lo que más se quejaban era de la falta de sensibilidad de lo abogados respecto de lo que se jugaban en el proceso” explica Roballos.

Contexto legal y jurídico de las órdenes ejecutivas sobre inmigración

Noah Feldman, profesor de Derecho de Harvard, explica que “las órdenes ejecutivas no son leyes, porque sólo el Congreso tiene la capacidad de legislar (…) pero lo que sí efectivamente hace el presidente con esas órdenes es fijar la agenda de prioridades y deja clara su voluntad a quienes forman parte de su gobierno”.

En definitiva, lo que Trump está firmando son decretos, que deberán ser homologados por los legisladores. De allí que, como señala Mansilla, hasta que no hay cambios en la legislación, podrá ocurrir que las cortes de inmigración fallen dándole la espalda a Trump.

No obstante, es claro que las deportaciones y las trabas a las visas están ocurriendo.

“La suspensión del uso de la app CBP1 –N de R: aplicación móvil para inmigrantes que podían solicitar cita consular del otro lado de la frontera, en México, para ingresar legalmente al país y regularizar su situación- impacta en la vida de 1 millón de personas que son potencialmente elegibles para trabajar en Estados Unidos” afirma Kelly Ortega, abogada de inmigración, en una entrevista televisiva transmitida por WUSA9.

Algo similar ocurre con el TPS –Temporary Protected Status– del que gozaban los venezolanos hasta que Trump eliminó la medida. Mientras el TPS estaba vigente, un inmigrante de Venezuela podía ingresar al país sólo con el pasaporte y tenía 6 meses para iniciar su proceso de visado. Ese plazo, incluso, era renovable, dados los tiempos de la burocracia.

Frente a ello, hace menos de 30 días, Kristi Noem rechazó la renovación del TPS de 600 mil venezolanos y 500 mil haitianos.

“El impacto humanitario de la revocación del TPS es profundo” advierte Mansilla y agrega “pero más allá de esos casos, también es cierto que las oficinas públicas deberían modernizar sus procedimientos, sobre todo con los cambios que se plantean”.

Roballos suma un punto a ello “estamos viendo que de pronto, sin necesidad ni objetivo concreto, el USCIS cambia un formulario, y sólo con eso desestima un montón de legajos que habían sido presentados siguiendo procedimientos válidos hasta hace días”.

El asesoramiento legal en materia inmigratoria en Estados Unidos vive un momento crítico, considerando lo delicado de la situación. Frente a un Estado que endurece su posición y ataca sin miramientos, los inmigrantes buscan en sus abogados contención, más que diligencia.

La administración pública estadounidense, a su vez, no se destaca por la innovación -créase o no- y menos si se trata de simplificar trámites inmigratorios.

Es paradójico en un país que fue colonia, y cuya historia ha sido escrita por inmigrantes, como Elon Musk, sudafricano formado en la Universidad de Pretoria, luego en Canadá, y finalmente en Estados Unidos, figura saliente de la innovación tecnológica y hoy miembro del gobierno desde el que se vocifera “America First”.

Por: Rodo Galdeano

Fuente: Ámbito