DNI truchos en Pocito: condenaron a seis personas que intentaron usar identidades ajenas

Se presentaron en el Registro Civil de Pocito, colocaron sus huellas y comenzaron trámites para obtener DNI, pero lo hicieron utilizando los datos de otras personas. El sistema de controles del RENAPER detectó las irregularidades antes de que los documentos fueran emitidos y la maniobra quedó frustrada. Sin embargo, la Justicia consideró que los involucrados ya habían iniciado la ejecución del delito.

El juez Daniel Alejandro Doffo condenó a seis personas por falsedad ideológica agravada en grado de tentativa, tras un debate oral que se desarrolló durante cuatro audiencias y concluyó con la sentencia del pasado 4 de agosto.

Los condenados son Dayana Belén José, Dayana Sol Castro Cajal, Flavia de las Mercedes Vargas, Lucas Alfonso González, Analía Edith Rosales y Carlos Fabián Prato. La investigación estuvo a cargo del fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez.

José, Castro Cajal, Vargas y González recibieron una pena de 1 año y 8 meses de prisión de ejecución condicional y una multa de $20.000 cada uno. Al tratarse de condenas condicionales, no deberán cumplir prisión efectiva mientras respeten las reglas de conducta impuestas por la Justicia.

Analía Edith Rosales fue condenada a 2 años y 2 meses de prisión condicional y una multa de $25.000. En su caso, el tribunal tuvo en cuenta que participó en dos hechos diferentes.

Además, el juez valoró las comunicaciones telefónicas que mantuvo con Rolando Navarro Saide, quien ya había sido condenado como jefe de la organización. En esas conversaciones, Rosales consultaba por la demora de “los DNI” y mencionaba la posibilidad de utilizar los documentos para solicitar préstamos y realizar compras.

Esos intercambios fueron considerados por el tribunal como elementos que contradijeron su versión de que únicamente había concurrido al Registro Civil para renovar su propio documento.

El caso de Carlos Prato

La situación más compleja fue la de Carlos Fabián Prato. En esta causa recibió una pena de 1 año y 10 meses de prisión, pero como ya tenía una condena anterior por una infracción a la Ley de Estupefacientes, el juez unificó ambas sanciones.

El resultado fue una pena única de 3 años y 10 meses de prisión efectiva.

Cómo descubrieron la maniobra

Los acusados concurrieron personalmente a la delegación del Registro Civil de Pocito y aportaron sus datos biométricos, entre ellos las huellas digitales, para iniciar trámites de DNI.

El problema era que las solicitudes no estaban a nombre de quienes se encontraban físicamente en la oficina, sino que utilizaban los datos personales de terceros. Al finalizar el trámite, recibían comprobantes en los que figuraban esas identidades ajenas.

Los controles del RENAPER detectaron las inconsistencias antes de que los documentos fueran confeccionados, por lo que los hechos fueron considerados tentados.

Para el juez Doffo, que las maniobras no hayan llegado a completarse no fue producto de una decisión de los acusados, sino de la intervención de controles externos. En su sentencia sostuvo que el fracaso se produjo por “circunstancias ajenas a la voluntad de las personas acusadas”.

Las defensas habían planteado que sus representados concurrieron al Registro Civil sin conocer el carácter ilícito de la maniobra. Sin embargo, el magistrado descartó esa explicación a partir de distintos elementos de la investigación.

Entre ellos, tuvo en cuenta que los acusados contaban con sus propios DNI vigentes, que habían elegido una oficina alejada de sus domicilios habituales y que, en algunos casos, aportaron domicilios inexistentes o de difícil localización. De esa manera, los documentos podían ser enviados nuevamente a Pocito en lugar de llegar a los domicilios reales.

Las defensas también plantearon que se trataba de un delito imposible porque los controles del RENAPER impedían concretar la maniobra. El juez rechazó ese argumento y destacó un dato surgido de la propia causa: de las 14 personas que intentaron utilizar las identidades de 22 víctimas, cinco lograron obtener los documentos.

Ese antecedente fue considerado suficiente para concluir que el sistema de controles no hacía imposible la consumación del delito.

Una causa que ya había dejado condenados

La investigación por estos hechos tiene como antecedente la causa contra la organización que operaba desde el Registro Civil de Pocito.

En mayo pasado, la entonces encargada de esa delegación, Natalia Castillo, fue condenada junto con otros integrantes de una asociación ilícita dedicada a obtener DNI mediante identidades falsas con el objetivo de concretar estafas.

En ese expediente se acreditó que la organización había conseguido al menos cinco documentos apócrifos que luego fueron utilizados para solicitar préstamos, comprar electrodomésticos y realizar otras maniobras defraudatorias.

La investigación general incluyó 23 casos, allanamientos realizados en junio y septiembre de 2025 y denuncias presentadas por el propio RENAPER.

A un año y cinco meses de iniciada la pesquisa, la Justicia ya condenó a los cinco integrantes de la asociación ilícita, a una persona que participó en un caso consumado sin formar parte de la organización y, ahora, a las seis personas que aportaron sus datos biométricos para intentar obtener DNI con identidades ajenas.