No habrían demoras para dictaminar el proyecto de los bloques federales, que buscan modificar el artículo 145 bis sobre Trata de Personas, penando “cualquier otro fin que afecte de algún modo la integridad psicofísica”. Entre los argumentos, se deducen las consecuencias del caso de Loan Peña: se habla de “entrega de niños”. Tampoco habría inconveniente en el apoyo a la iniciativa peronista de reformar la legislación sobre el secuestro de armas de fuego, incorporando el artículo 23 bis que establece un período máximo de seis meses para la destrucción de las incautaciones, con el fin evitar el mercado negro de municiones.

El proyecto que tiene menos claridad de plazos de aprobación es el de Abordaje Integral del Crimen Organizado, también conocido como Ley Antimafias. Los parámetros para definir qué es crimen organizado, las competencias federales en los distritos, la implementación de una fuerza especial, la arbitrariedad en establecer las mismas condenas a distintos delitos: las dudas planteadas por los legisladores y los especialistas se reiteran. «Es un rompecabezas con piezas de diferentes juegos. Parecen que encajan, pero cuando lo ves de cerca te das cuenta que no tienen nada que ver. Es más la vocación por titular que por construir», entendió el diputado peronista Matías Molle.

El radicalismo es la bancada no oficialista que cuenta con mayor voluntad de impulsar esta sanción, lo que se expresó en la presencia del gobernador santafesino Maximiliano Pullaro en una de las comisiones de debate. “Esperamos poder dictaminar con acuerdo, porque no es una cuestión que haga al interés del gobierno nacional exclusivamente, el crimen organizado forma parte de la agenda de seguridad de las provincias y son muchos los referentes locales los que están apoyando”, señaló para este medio la diputada Soledad Carrizo.

Baja de edad de imputabilidad: Gobierno empujó tratamiento y suma consensos

El 30 de marzo, y en el marco de la detención de un menor de edad en Rosario, Mariano Cúneo Libarona anunció en sus redes sociales que estaba “trabajando en la nueva Ley de Minoridad con Patricia Bullrich”. A partir de allí, confluyeron distintos proyectos de baja de edad de imputabilidad con resonancia mediática pero sin espacio de tratamiento de las comisiones. Sin embargo, el 15 de julio el Gobierno presentó su propuesta definitiva con firmas de peso: a los ministros de Justicia y Seguridad se le sumaron Guillermo Francos y el propio Javier Milei.

El proyecto del Gobierno establece una baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. El PRO y la UCR proponen reducirlo a 14. Todos establecen parámetros normativos similares para determinar el tránsito de la pena: «Dependencias acondicionadas», con asistencia a programas educativos, de deportes y de capacitación laboral. Aunque resta que las múltiples redacciones encuentren un cauce común, son expresas las coincidencias en la necesidad de ampliar la intervención estatal para las personas de 14 y 15 años a través de instituciones punitivas.

“La disposición del Estado en intervenir para frenar la delincuencia juvenil bajando la edad de imputabilidad es un beneficio para los jóvenes, no es perjudicial, porque por fin van a tener a alguien atento a ellos, ya que en sus hogares no se ocupan; sino no estarían delinquiendo», analizó para Ámbito la cordobesa Laura Rodríguez Machado (PRO), titular de la Comisión de Legislación Penal. El mendocino Álvaro Martínez (La Libertad Avanza), quien presentó en mayo un proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 12 años pero luego se plegó a la redacción de Casa Rosada, valoró el período de debate para conseguir acuerdos y así “darle herramientas a la Justicia para hacer cumplir la ley y brindarle seguridad a los ciudadanos”.

Dentro de la UCR, la cordobesa Soledad Carrizo señaló que existe una mirada unificada en “que la pena, y más en los adolescentes, debe tener una finalidad reeducadora, resocializadora, sino no tiene sentido discutir este tema”. Posteriormente, a título personal analizó: “No estoy de acuerdo con abordar la criminalidad y la delincuencia solo desde el paradigma punitivo y del reproche penal. No es posible avanzar en la baja de la imputabilidad si esto no se acompaña de una estrategia que aborde las problemáticas vinculadas a la narcocriminalidad, la infantilización de la pobreza, la deserción escolar y que exija la presencia del Estado en sostener a las infancias y las familias”.

Unión por la Patria reiterará su posición de rechazo en este debate: veinte legisladores del bloque presentaron una iniciativa que ratifica la actual edad punible. «No tengo expectativas porque no veo en el oficialismo una voluntad por discutir algo tan importante y necesario de manera seria», planteó el bonaerense Matías Molle, quien opinó que desde Casa Rosada «eligen el camino más fácil: empezar por el último paso, por el final, por la pena. Creen que los problemas se resuelven con modificar el Código Penal».

Presupuesto en Seguridad: transformación penal implica reformular financiamiento

“Una de las causas fundamentales del fracaso de las mejores leyes es precisamente que no existe un presupuesto para instrumentarlas”, señaló en mayo el Doctor en Criminología Marcelo Aebi, en el inicio del debate sobre el Abordaje Integral del Crimen Organizado. Su reflexión puede proyectarse no sólo a las implicancias de formación y equipamiento de fuerzas de seguridad especializadas, sino en la infraestructura penitenciaria que implicará el agravamiento de penas -por lo tanto, más personas detenidas por más tiempo- y la ampliación de la edad de imputabilidad, con los costos judiciales aparejados.

Los diputados consultados por este medio coinciden en lo necesario de asumir este costo desde el Estado. “Nuevas responsabilidades sobre la delincuencia juvenil implica la disposición de mayores recursos», dijo Rodríguez Machado. “Son cambios estructurales muy importantes en los sistemas de detención, de abordaje de los consumos problemáticos, de formación y capacitación del personal a cargo; es decir, requiere de presupuesto”, precisó Carrizo.

“El gobierno anterior se dedicó a desfinanciar todo lo vinculado con la seguridad, no les importaba, al punto tal que se dedicaron a liberar presos. […] Ahora tienen que estar preocupados los delincuentes, porque nosotros sí estamos invirtiendo para combatir el delito”, concluyó Martínez. Desde el peronismo, Matías Molle reconoció la «falta de inversión en el trabajo social, la administración de justicia y los alojamientos para adolescentes», pero se mostró escéptico de la voluntad de transformación oficialista: «No creo que quieran discutir cómo vamos a financiar la reforma que vamos a empezar a debatir».

Los estudios nacionales sobre la criminología juvenil no alcanzan las mismas precisiones que en el caso del sistema penitenciario de adultos. El informe más abarcativo fue realizado por la Corte Suprema de Justicia, que determinó que en el 2022 se iniciaron causas penales a 1643 menores de edad (entre ellos, el 90,4% fueron varones), lo que representa un crecimiento del 17% con respecto al año anterior. En el 82% de los casos habían cometido delitos contra la propiedad, mientras que en segundo lugar quedaron los crímenes contra la integridad sexual y en total sólo tres menores concretaron homicidios en todo el país. El 74,1% de ellos no tenía ninguna causa anterior.

El foco del delito de adolescentes registrado en la Argentina está concentrado en la provincia de Buenos Aires (52,3% del total) y en la ciudad de Buenos Aires (47,1%), que son los distritos con mayor índice de sobrepoblación carcelaria del país (más personas que plazas para hospedarlos): 109% en provincia y 86% en la ciudad. Es allí donde deberá concentrarse la inversión para construir las «dependencias acondicionadas» que proponen las leyes y garantizar que adolescentes con condenas cortas -como lo son aquellas vinculadas a delitos contra la propiedad- puedan acceder a programas educativos y laborales para su posterior salida