Diputados del bloque PRO y aliados impulsan un proyecto para dar sostenibilidad al sistema de discapacidad
La iniciativa busca reemplazar las prórrogas de emergencia por una ley permanente que garantice la actualización mensual de aranceles por inflación, la compatibilidad de pensiones con el empleo formal y la transparencia presupuestaria.
Un conjunto de bloques parlamentarios de la Cámara de Diputados —integrado por el PRO, la UCR, Por Santa Cruz, Producción y Trabajo y Adelante Buenos Aires— presentó un proyecto de ley destinado a reestructurar de manera integral el sistema de atención a la discapacidad en la Argentina. La propuesta busca abandonar definitivamente el esquema de emergencias y prórrogas recurrentes para consolidar un marco legal permanente, previsible y sostenible a largo plazo en beneficio de las personas con discapacidad, sus familias y los prestadores del sector.
Los legisladores firmantes fundamentaron la iniciativa señalando que las leyes de emergencia anteriores funcionaron únicamente como parches temporales que no resolvieron los problemas de fondo. Según argumentaron, el modelo previo combinó promesas sin financiamiento real con retrasos en los aranceles e inflación acumulada, lo que derivó en deudas con los prestadores e incertidumbre constante para las familias sobre la continuidad de los servicios esenciales.
El texto legislativo fija una serie de medidas prioritarias orientadas a la previsibilidad económica. Entre las principales disposiciones, se establece un nomenclador de aranceles uniformes con actualización automática y mensual en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Asimismo, dispone un cronograma público y con plazos definidos para saldar las compensaciones adeudadas a los prestadores que hayan cumplido con los requisitos normativos.
En el plano de la inclusión e ingresos, la iniciativa garantiza la asignación de pensiones a quienes posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y lo requieran, e introduce la compatibilidad del beneficio con el trabajo formal registrado, siempre que los ingresos del trabajador no superen el monto equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. A su vez, se ratifican incentivos para los empleadores que incorporen a personas con discapacidad a su planta laboral por tiempo indeterminado.
Por último, el proyecto enfatiza la necesidad de reforzar el control y la transparencia mediante auditorías con debido proceso, con el objetivo de asegurar que los fondos públicos lleguen de manera directa a los beneficiarios. Para ello, se proponen partidas presupuestarias garantizadas en cada ejercicio, una articulación directa con el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) y la publicación de información abierta sobre el presupuesto, las pensiones y los aranceles.

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