Diputados de la UCR presentaron proyecto para garantizar financiamiento universitario
Ingresó una propuesta en la Cámara de Diputados para declarar emergencia presupuestaria en las universidades. Se suma a iniciativa para garantizar el FONID.
El reclamo por el FONID llega al Congreso
Esta última semana los gobiernos provinciales contaron con una buena noticia al respecto del presupuesto para educaciónen sus distritos: un decreto prorrogó uno de los artículos de la Ley de Financiamiento Educativo y enviará, de manera automática, fondos a las provincias y municipios para proveer de recursos a los ministerios de Educación. Sin embargo, conservan su reclamo con respecto a la continuidad del FONID, creado en 1998 y con un impacto de hasta el 10% del sueldo docente.
Dentro del radicalismo propusieron dos propuestas para extender la vigencia del FONID: una de la propia Tavela y otra de Julio Cobos. El bloque sostiene su atención en Martín Menem, quien no ha conformado comisiones desde enero y supo dilatar la designación de los diputados representantes en la Bicameral.
En Hacemos Coalición Federal acusan no haber recibido respuesta aún a su iniciativa para tratar la extensión del FONID en la Cámara baja. Las negociaciones con la oposición menos acuerdista parecen girar bajo la órbita de Miguel Ángel Pichetto, pero, dado que tanto el Frente de Izquierda como Unión por la Patria también presentaron iniciativas para extender la vigencia del FONID, se descuenta que el proyecto tendrá media sanción ni bien se trate en el recinto.
Universidades nacionales en alerta
El año inició con un traspié para los trabajadores docentes y no docentes de las universidades. A partir de una medida del Banco Central, que no prorrogó una excepción que habilitaba asistir a sectores públicos no financieros para el pago de salarios, se suspendió el mecanismo habitual de pago para el personal de unas 20 universidades nacionales (entre ellas, las de Rosario, La Plata, San Juan y San Luis), que permitía que reciban sus haberes el 1° de cada mes.
A eso se sumó el reclamo del Frente Sindical de las Universidades Nacionales, que convocó a un paro por 24 horas para el 14 de marzo por «la profunda crisis salarial y presupuestaria» que atraviesan las casas de estudio y exige la inmediata convocatoria a paritarias librespor parte del Gobierno Nacional. Los representantes gremiales sostienen que, en un contexto de 51,3% de inflación bimestral, recibieron una propuesta de aumento del 16%.
A través de un comunicado publicado el mes de febrero, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Airesejemplificó las implicancias del congelamiento presupuestario. En 2023, destinaron $238 millones para limpieza, mantenimiento de ascensores, compra de pupitres, ART y gastos generales. En el 2024, tendrán esos mismos fondos, pero «con una proyección de inflación interanual de 250% para este año el funcionamiento de nuestra institución necesita al menos $645 millones, lo que nos deja un déficit estimado de $406 millones». De replicarse estas cifras, las instituciones se verían imposibilitadas de finalizar el primer semestre sin endeudarse.
Finalmente, el Gobierno de Javier Milei decidió dar marcha atrás con la ejecución presupuestaria para poner en funcionamiento cinco universidades nacionales (Delta, Pilar, Ezeiza, Río Tercero y Madres de Plaza de Mayo) creadas por ley en el 2023. La decisión llevó a referentes académicos a judicializar la intención del oficialismo de comenzar un «proceso de revisión de la creación e inicio de actividades académicas» y la Justicia ya tomó recaudos: el juez federal de Campana, Adrián González Charvay,dictó el pasado viernes una “medida cautelar interina” que obliga a la administración nacional priorizar la puesta en funcionamiento de la Universidad de Pilar.
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