Según la descripción realizada por los funcionarios de la ANDIS, “los resultados de la primera etapa de la auditoría realizada en la Ciudad de Buenos Aires son inquietantes”. Del corte de los 10.000 beneficiarios contactados, el 33% “no pudo ser localizado en los domicilios indicados”, un hecho que, según se lee en las planillas, “plantea serias dudas sobre la veracidad de sus declaraciones”.

Catorce delincuentes prófugos de la justicia, varios de ellos muy peligrosos, y que cobraban una pensión no contributiva por invalidez laboral, fueron detenidos en los últimos días a través de un operativo conjunto instrumentado por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), a cargo de Diego Spagnuolo; y el Ministerio de Seguridad de la Nación, que comanda Patricia Bullrich. Se trata de beneficiarios de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Entre las personas detenidas había acusados por robo agravado, intento de violación y robo agravado, entre otros delitos graves. Uno de ellos acumula ocho causas.

El dato de los prófugos que cobraban el beneficio que otorga el Ministerio de Salud, a través de la ANDIS surgió en las auditorías sobre las más de 1.250.000 personas beneficiadas con pensiones no contributivas por discapacidad laboral impulsadas por Spagnuolo.

Los primeros distritos compulsados son la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Las auditorías -en pleno proceso- ya revelan “un esquema de corrupción a través del cual se desvían fondos estimados entre 1.200 y 2.000 millones de dólares al año”, según la evaluación que realizó el abogado Spagnuolo.

El cruce de datos, a través del cual se detectaron que 131 prófugos cobraban la pensión no contributiva, se realizó entre ANDIS y el Ministerio de Seguridad, se articuló con el Ministerio de Justicia, y, según explicaron a este medio desde el Ministerio de Salud: “Las citaciones, para no quitarle precisión ni formalidad se hizo por la vía legal únicamente: carta documento a los domicilios para citarlos a la auditoría médica como corresponde para sostener el beneficio”. Se los convocó entre el lunes 21 y el martes 22 a las instalaciones de la institución.

Entre ellos destacan:

• Un hombre tenía cuatro diagnósticos de salud diferentes y a la citación para ser revisado por el médico auditor “asistió acompañado de un abogado”.
• Había beneficiarios -no se especifica la cantidad- que tenían la documentación incompleta o cuyo diagnóstico clínico era falso y adujeron que recibieron la prensión no contributiva porque “estaban respaldados por representantes del Movimiento Evita”. Alguno de ellos también estaba acompañado por un abogado.
• En otro caso, en vez del beneficiario a la auditoría, llego su hijo. Cuando se le preguntó por el titular del beneficio, reconoció que su padre “vive en Egipto desde hace meses” y que él cobra la pensión.
• Una mujer que intentó hacerse pasar por su marido fallecido, cuya muerte no estaba registrada en los sistemas del Estado. Intentó convencer a los auditores que por un “error” se habían traspapelado los nombres.
• Dos personas beneficiadas cumplían condena desde antes de haber recibido el beneficio. Una de ellas asistió a la auditoría a pesar de estar “cumpliendo arresto domiciliario” y sin haber avisado a las autoridades judiciales. En el segundo caso, se presentó un familiar porque estaba cumpliendo condena en un penal.
• Ambos recibieron el beneficio de manera exprés en 13 días. Fue otorgado pocos días antes del 10 de diciembre de 2023.
• El vocero presidencial Manuel Adorni informó que un expediente se había iniciado con un diagnóstico en el que como prueba documental se incorporó a foto de un perro.