La desregulación del sector vitivinícola argentino ingresó en una zona de grises justo cuando el calendario apuraba el cierre del año y la actividad se prepara para una nueva vendimia.
Al filo de Nochebuena, un fallo de la Justicia Federal de Mendoza introdujo un freno parcial a la aplicación de la Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), la norma con la que el Gobierno buscó desregular los procesos en la cadena vitivinícola.
Ante un pedido de amparo presentado por cuatro entidades productoras para evitar que la resolución entre en vigencia el 1 de enero, la Justicia consideró que el reclamo presentado es legítimo, ya que involucra “derechos de incidencia colectiva e intereses individuales homogéneos”
El resultado es un escenario híbrido: a partir del año próximo, la mayor parte del nuevo Digesto Normativo del INV entrará en vigencia, pero dos aspectos considerados centrales por los productores no podrán aplicarse, al menos de manera inmediata, y obligarán a las empresas a manejarse con reglas mixtas durante la próxima vendimia.
La Resolución 37/2025 fue presentada como un punto de inflexión para la industria. Su objetivo declarado fue modernizar el sistema de control vitivinícola, eliminar normas superpuestas o consideradas obsoletas y reducir la carga burocrática para bodegas, productores y elaboradores.
En los hechos, la norma aprobó un nuevo Digesto que concentra y ordena la regulación del sector, derogando un amplio conjunto de resoluciones anteriores y redefiniendo el alcance de la intervención del INV.
La apuesta oficial apunta a pasar de un esquema de control exhaustivo sobre procesos y materias primas a uno focalizado en el producto final, apoyado en declaraciones digitales y mecanismos de fiscalización posteriores.
Sin embargo, esa reconfiguración encontró resistencia en un sector clave del entramado vitivinícola, especialmente entre los productores primarios y las entidades que los representan, que vienen protagonizando fuertes polémicas con el ministro de Desregulación Federico Sturzenegger.
Cuatro organizaciones del vino (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, la Unión Vitivinícola Argentina, la Asociación de Viñateros de Mendoza y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios) acudieron a la Justicia mendocina para frenar la aplicación de algunos artículos
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