La posibilidad de una privatización de la empresa por decreto, sin la intervención del Congreso, ha generado preocupación e incertidumbre, especialmente entre quienes temen perder sus puestos de trabajo.
Alberto Barboza, secretario adjunto de la Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones (AATRAC) Seccional San Juan, señaló en declaraciones a Radio Colón que las tareas de los empleados del Correo son muy diversas, desde la distribución hasta tareas administrativas internas. Sin embargo, la desregulación y la inestabilidad en la empresa han provocado que varios empleados opten por el retiro voluntario. “Desde febrero o marzo, se está yendo la gente con el retiro voluntario”, explicó Barboza, y recordó que ya se han cerrado algunas sedes, como la de Pocito, y en otros departamentos, como Iglesia, se ha reducido el número de oficinas operativas.
Barboza comparó la situación actual con la vivida en la década de los 90, cuando el Correo fue privatizado bajo el gobierno de Carlos Menem y luego gestionado por Mauricio Macri. “Lo que hacen ahora es sanear la empresa para privatizarla con la menor cantidad de empleados posibles”, destacó, y añadió que el gobierno busca que el Correo sea una empresa rentable, aunque esto implique despedir a muchos trabajadores.
Aunque por el momento no se han anunciado medidas de fuerza, Barboza advirtió que las negociaciones están en curso y que, si la situación lo requiere, se llevará a cabo un paro.
El Correo Argentino, que actualmente cuenta con el Estado Nacional como único accionista, posee una red de 1400 sucursales a lo largo del país. En 2023, la empresa registró un déficit de $71.322 millones y, para 2024, recibió más de $90.000 millones del gobierno para implementar un plan de retiros voluntarios. Aunque el Correo Argentino inicialmente formó parte de la lista de empresas que el gobierno de Javier Milei pretendía privatizar, finalmente fue excluida de la Ley Bases, junto con Aerolíneas Argentinas y Radio y Televisión Argentina.
Op: Juan Llarena
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