Después de años de debate, el Senado consensuó avanzar en una suba del corte de biocombustible
La plenaria de Presupuesto, Minería y Energía acordó un nuevo régimen para combustibles de origen vegetal. El biodiésel pasaría de 7,5% a 10% y el bioetanol de 12% a 15%
El oficialismo logró avanzar y consensuar en el Senado de la Nación un nuevo marco regulatorio para el biocombustible. Luego de varios años y muchos intentos fallidos, una plenaria de las comisiones de Presupuesto, Minería, Energía y Combustible, logró un dictamen de consenso para un nuevo porcentaje de corte para el combustible de origen vegetal.
El plenario venía de un cuarto intermedio de la semana pasada -26 de agosto- en donde se había comenzado a analizar diferentes proyectos presentados por varios bloques. Entre ellos estaban los de Beatriz Ávila (Independencia); José María Carambia y Natalia Gadano (Movere Santa Cruz); Alejandra Vigo y Carlos Espínola (Provincias Unidas); Patricia Bullrich (LLA); Flavia Royón (Primero los Salteños); Carlos Arce y Sonia Rojas Decut (Movimiento por Misiones), y Jorge Capitanich (PJ). En todos el debate era el porcentaje de corte con el fin de modificar la legislación vigente.
Según estableció el dictamen que hoy se pasó a la firma y que estará listo para llevar al recinto no antes de 7 días, el acuerdo alcanzado tiene como eje principal la modificación del porcentaje de corte de los combustibles.
Según explicó la senadora Ávila “después de muchos años logramos avanzar en un nuevo marco regulatorio que establece elevar el corte de bioetanol de 12% al 15%”. La senadora tucumana había propuesto elevar el corte al 18% pero señaló que por más que el acuerdo sea menor al que aspiraba, lo importante era que finalmente “se pudo avanzar”.
En este incremento de corte para el bioetanol, el 15% se divide en 6% para la caña de azúcar, 6% para el maíz y 3% queda para la libre competencia.
En lo que se refiere al biodiesel los senadores también propusieron cambios y se eleva el porcentaje de corte del 7,5% actual al 10 por ciento si es que se aprueba sin cambios.
Pero como esto es un proyecto que está impulsado por las provincias productoras de biocombustibles que aspiraban a un porcentaje de corte mayor -el problema de eso es el traslado a precio en los surtidores-; en el dictamen que circuló entre los legisladores hay un artículo que señala que las provincias pueden aumentar ese cupo si lo deciden pero con la salvedad de que tienen que prestar una justificación al respecto.
En la Argentina hay alrededor de 50 plantas industriales que están en funcionamiento de biocombustibles, divididas entre biodiésel y bioetanol.
De ese número, 32 plantas producen biodiésel tanto para el consumo interno como para el mercado de exportación. Estas plantas están radicadas principalmente en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe (la gran mayoría ubicadas en la zona del Gran Rosario donde se concentra el complejo portuario privado más grande del país); y algunas otras de menor porte en la provincia de Córdoba.
En lo que se refiere a la producción de bioetanol, hay 18 plantas productoras distribuidas en el país que se dividen entre las que producen como un derivado de la caña de azúcar: Tucumán, Jujuy y Salta; y las que tienen como insumo principal el maíz que se concentran más en las provincias de Córdoba, San Luis y Santa Fe.
“Represento a una provincia petrolera pero esta es una ley que va a beneficiar a otras provincias y, además, abrirá la puerta a varias inversiones que desde hace años esperan este cambio”, dijo el ex radical ahora libertario, el senador neuquino Pablo Cervi.
Entre las modificaciones que también establece el dictamen es que le dan un plazo de un año al sector para subir de 12% al 15% y del 7,5% al 10%, con el fin de que todos aquellos que tengan que hacer una readecuación de las plantas lo puedan hacer.
Por último, establece un piso mínimo de 3% para las sociedades no integradas -son pymes independientes que sólo participan de un eslabón de la cadena productiva-.
Este cambio establece que el marco regulatorio tendrá validez hasta el 2037, con el fin de generar cierta previsibilidad a las inversiones productivas.
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