Denuncian retrocesos y barreras para el acceso al aborto seguro, a cinco años de la sanción de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo

A cinco años de la aprobación de la IVE: números, retrocesos e información limitada

La organización destacó números positivos desde la aprobación de la ley en materia de salud pública “que evidencian que los abortos en condiciones seguras mejoran ineludiblemente la vida y salud” de quienes acceden a ellos:

• Entre 2021 y octubre de 2023, más de 245.000 personas accedieron a abortos seguros en el sistema público de salud.
• La disponibilidad de información, insumos y atención de calidad permitió que el 90% de las interrupciones se realizaran durante el primer trimestre.
• Se duplicó la cantidad de centros de salud que garantizan la interrupción voluntaria (IVE) y legal del embarazo (ILE).

Sin embargo, denunciaron que desde la asunción de Javier Milei se llevó adelante un “desmantelamiento sistemático” de las políticas de salud sexual y reproductiva tales como:

• La suspensión de la compra y distribución de misoprostol y mifepristona – insumos esenciales para garantizar el acceso a la IVE/ILE;
• Desmantelamiento del Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (PLAN ENIA), “pese a su impacto comprobado en la reducción del embarazo en la adolescencia”;
• Una “drástica reducción” en la distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y test de embarazo;

En este contexto descripto como “regresivo”, Amnistía recibió en 2025, a través de su formulario de atención, “más de 400 casos por barreras en el acceso al aborto, una cifra que triplica ampliamente la cantidad de denuncias registradas el año anterior”.

Si bien esta recepción no refleja la totalidad a nivel país, “ante la ausencia de datos oficiales constituye un parámetro para dimensionar el aumento de las dificultades que enfrentan las mujeres en este contexto”.

Sólo a modo de ejemplificar, el informe señaló que durante 2023, y previo a la asunción de Milei, “se distribuyeron 88.578 tratamientos de misoprostol y 77.586 tratamientos de combipack” en el país, mientras que en 2024 no se distribuyó “insumo alguno” a las provincias para garantizar el derecho.

En consecuencia, más de la mitad informó la “falta de stock de misoprostol y, casi la totalidad reporta desabastecimiento de mifepristona y combipack”. Ello se ve agravado por la “reducción del 81% en la cantidad de métodos anticonceptivos, anticonceptivos hormonales de emergencia y test de embarazo distribuidos a las provincias”, entre el año 2023 y 2024.

Desde la organización ampliaron a Ámbito que en los casos recibidos en 2024, se observó que:

• El 59,79% vive en CABA y Provincia de Buenos Aires, “lo que también se vincula con que allí se concentra una porción muy importante de la población del país”.

• Por edad, la población más frecuente fue la de mayores de 25 años (54%), seguida por el grupo entre 16 y 25 años (42%) y entre 13 y 16 años (4%).

En contraposición, durante este año tuvo mayor predominio del segundo grupo: “En 2025, advertimos un incremento marcado de consultas de mujeres de 16 a 25 años, uno de los grupos que más crece de quienes se contactan”. A este se sumaron las mujeres que ya tienen hijos y que no pueden ni quieren más, especialmente bajo economías adversas.

La falta de información, “un problema estructural”

La directora de Género y Diversidad de Amnistía Argentina Lucila Galkin señaló que ven “mucha opacidad y falta de transparencia en la producción y entrega de información” sobre el acceso al aborto -tanto a nivel nacional como provincial. Esto lo analizan como un problema estructural.

Por otro lado, Amnistía realizó pedidos de acceso a información pública a las 24 jurisdicciones nacionales acerca del estado de situación por la compra, distribución y stock de insumos esenciales. Sin embargo, les contestaron 15: CABA, Chaco, Chubut, Córdoba, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Tierra del Fuego y Tucumán.

Al ser consultada por aquellas zonas que no respondieron, Galkin apuntó a que “se trató de silencio administrativo, demoras injustificadas o respuestas incompletas”: sin embargo, “esa falta de respuesta institucional no implica ausencia de trabajo en el territorio” ya que mantienen vínculos y articulaciones cotidianas con referentes de salud sexual.

“Pese al desfinanciamiento y a la debilidad de la rectoría nacional, estas redes —desde el territorio— siguen sosteniendo una política pública esencial para la salud y la vida de mujeres y personas gestantes”, concluyó la directora.

En vez de atención, barreras: un patrón que se repite

Entre los relatos repetidos, la organización denunció “un patrón común”: los sitios que deberían dar “atención, acompañamiento y acceso asegurado” representan barreras. Así, hospitales públicos de distintas localidades informan que “no hay medicación disponible, a pesar de que la provisión de insumos es una responsabilidad del Estado y una obligación legal”.

En otros testimonios, “se les exige comprar misoprostol por cuenta propia” cuando es un acto ilegal y “económicamente inalcanzable para muchas”. A la par, subrayaron “casos de consejerías disuasorias, maltratos y prácticas de hostigamiento” para forzar un cambio de decisión.

A ello “se suma la ausencia de información oficial”: “No hay campañas de difusión, la línea 0800 de Salud Sexual presenta dificultades para responder y no se publican datos actualizados sobre la implementación de la ley”, destacó Amnistía.

“Sin información pública, las personas no saben dónde ir, ni cómo exigir que sus derechos se cumplan. Del total de casos que la organización recibió por medio de su formulario en lo que va de 2025, casi el 60% corresponden a barreras en el acceso a información clara, precisa y detallada sobre dónde y cómo acceder a un aborto”, agregaron.

Las redes de acompañamiento como un espacio seguro

La activista de la Campaña, por CABA, Andrea Zamparini, señaló que cuentan con la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir y Socorristas en Red, ambas surgidas dentro de la organización “como estrategias de acompañamiento” y en “articulación cercana”. El primer caso trabaja con centros de salud públicos, Cesac y hospitales, con profesionales de la salud que garantizan las IVE e ILE.

“Por más que haya una ley, todavía hay lugares en donde no termina de implementarse al 100% y, por ejemplo, hay atención de ILE uno o dos días a la semana. Entonces, ellos identifican horarios, teléfonos y tienen una página web donde te podés ir fijando a nivel nacional”, amplió Zamparini.

Por el lado de Socorristas, acompañan a lo largo de la nación por fuera del sistema de salud. En paralelo, existen los Cesacs y hospitales públicos con los cuales la Campaña guarda contacto y analizan cómo va funcionando la implementación de la ley y la línea telefónica de salud sexual – 0800 222 3444 con alcance nacional para orientar sobre cómo acceder y recogen problemáticas.

Entre otras ONG’s existe Casa Fusa y proyecto Mirar, que en este caso monitorea la aplicación de la ley para garantizar una “implementación plena”. Entre las acciones que lleva adelante la Campaña para contrarrestar adversidades, construyen alianzas estratégicas con distintos sectores de la sociedad civil -organizaciones feministas y derechos humanos, profesionales de la salud, sindicatos y universidades.

Por su lado, Galkin recalcó el rol de Socorristas “especialmente en las jurisdicciones más adversas, donde suelen concentrarse los obstáculos”: “Un punto central es que, frente a trabas o desinformación, muchas mujeres recurren a estas organizaciones en busca de información clara y confiable”.

Además, agregó que frente a las barreras “varias provincias desarrollaron buenas prácticas” como la implementación de líneas telefónicas provinciales y otros mecanismos de contacto directo.

Fuente: ÀMBITO

Por: G. Herrera