Denuncia de discriminación política en la UNSJ: un candidato impugnado llevó su caso a la Justicia Federal

La elección de autoridades en el Departamento de Geofísica, Astronomía y Física (DGAF) de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan derivó en un conflicto que ahora llegó a la Justicia Federal. Gustavo Ortiz, docente e investigador identificado con el kirchnerismo, denunció haber sido víctima de discriminación política luego de que su designación como director del departamento fuera anulada por decisión del consejo directivo de la facultad.

Ortiz presentó un amparo ante la Justicia Federal en el que reclama que se lo restituya en su cargo de subdirector, del cual fue desplazado tras el comicio anulado, y que se investigue lo que considera una maniobra para impedirle asumir. Según su planteo, la anulación del proceso electoral responde a “motivos políticos internos”, vinculados a su apoyo a la ex candidata a decana María Pittaluga, quien fue opositora del actual titular de la facultad, Jorge Castro.

El reclamo judicial, presentado junto a su compañero de fórmula Arturo Güell, solicita “el cese de las acciones discriminatorias” y exige igualdad de condiciones para elegir y ser elegido. Además, pide una medida cautelar que ordene su reincorporación mientras se resuelve el fondo del conflicto.

La elección se realizó el pasado 26 de junio, pero el consejo directivo de la facultad decidió anularla tras detectar que no todos los docentes habilitados habrían sido incluidos en los padrones. La medida se basó en un dictamen de la Dirección de Asuntos Legales de la UNSJ, que recomendó repetir el proceso incorporando a los profesores que quedaron fuera.

Ortiz sostiene que la decisión fue arbitraria y que, conforme al reglamento, solo deberían votar los docentes con cargos dentro del departamento. “En otros casos se aplicó el mismo criterio y no se anularon las elecciones”, argumentó el docente, quien ahora reclama que el Consejo Superior de la UNSJ intervenga para revertir la situación.

Desde la casa de altos estudios confirmaron que el caso fue elevado al Consejo Superior para su tratamiento. Paralelamente, la denuncia en la Justicia Federal apunta a determinar si hubo o no una acción discriminatoria con base política.

En su presentación, Ortiz citó el Protocolo contra la Discriminación de la UNSJ, que establece que toda acción que restrinja el ejercicio igualitario de derechos debe cesar de inmediato y reparar el daño ocasionado.

El conflicto dejó expuesta una fuerte tensión política interna en Exactas, donde la disputa por la representación de los departamentos parece haber trascendido lo académico para entrar de lleno en el terreno de la política universitaria.

Op: Juan Llarena