Definirán en breve si la causa contra el intendente de Angaco y tres concejales avanza en la vía penal

El Tribunal de Impugnación, a cargo de la jueza Ana Lía Larrea, deberá resolver en los próximos días si la causa que involucra al intendente de Angaco, José Castro, y a tres concejales continúa en el ámbito penal o se traslada al fuero contencioso administrativo, como plantea la defensa.

La audiencia, que inicialmente estaba prevista para mañana, se adelantó y se realizó este lunes, marcando un paso clave en el expediente que investiga al jefe comunal y a los ediles Alberto de Los Ríos, Alejandro Paredes y Roberto López.

El planteo de la defensa, encabezada por Marcelo Fernández Valdez por parte de Castro y Lionel García en representación de los concejales, motivó la intervención del tribunal. En contraposición, la fiscal de Cámara, Marcela Torres, sostuvo la necesidad de que la causa avance en la justicia penal.

El conflicto tiene su origen en un convenio impulsado por Castro y aprobado por los concejales, que buscaba evitar el juicio en su contra por el presunto uso indebido, en 2019, de maquinaria y personal municipal en un predio ubicado en Chimbas. A raíz de ese acuerdo, tanto el intendente como los ediles fueron denunciados por negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes de funcionario público.

Previo a una audiencia fijada para febrero, Castro presentó un acuerdo con el objetivo de acceder a una reparación integral del daño, ofreciendo cinco millones de pesos destinados a Cáritas de Angaco. Con el aval del Concejo Deliberante —integrado de manera diferente al momento de la denuncia original— buscó así evitar el juicio. Sin embargo, la fiscal de juicio, Silvina Gerarduzzi, interpretó esa maniobra como potencialmente delictiva.

En una instancia posterior, el fiscal de la UFI Delitos Especiales, Francisco Nicolía, solicitó seis meses de investigación penal preparatoria para determinar la posible responsabilidad de los implicados. La defensa se opuso a esa medida e impugnó la habilitación de la investigación dispuesta por el juez Gerardo Fernández Caussi, lo que derivó en la audiencia realizada ahora ante el Tribunal de Impugnación.

Tras escuchar a las partes, Larrea resolvió pasar a cuarto intermedio y anunciará su decisión en los próximos días.

En caso de que la investigación avance, Fiscalía contará con un plazo de seis meses para reunir pruebas y definir si corresponde archivar el expediente o formalizar la acusación y llevar el caso a juicio. Ese proceso podría extenderse durante todo 2026.

Cabe recordar que el juicio contra Castro se encuentra suspendido hasta que exista una sentencia firme en esta causa, lo que, según estimaciones judiciales, podría definirse recién hacia mediados del próximo año.