Este lunes, comenzará el juicio contra el policía Benito Andrés Azcurra, de 35 años, perteneciente a la seccional 32, quien enfrenta acusaciones de haber advertido a un individuo conocido como «Baroja» sobre un allanamiento policial en el marco de un operativo por violencia de género en el departamento 25 de Mayo. La denuncia fue realizada por la Jueza de Paz del departamento, Graciela Rodríguez.
El abogado defensor, Martín Zuleta, anunció que solicitará la nulidad del proceso judicial, argumentando que la fiscalía no presentó la acusación dentro del plazo establecido, lo cual vulnera el debido proceso. Zuleta afirmó: «Vamos a plantear la nulidad por una cuestión técnica, porque entendemos que a la fiscalía se le venció el plazo para la acusación y no lo hizo en debido tiempo y forma».
Según el abogado, el debido proceso tiene rango constitucional y garantiza que todos sean juzgados mediante un juicio previo que debe realizarse conforme a pautas y normas establecidas. «Los procedimientos tienen que cumplirse, y la persona que está investigada queda en una situación de indefensión en estos casos», agregó Zuleta, enfatizando el peso de la denuncia realizada por una jueza.
Las audiencias del juicio están programadas para extenderse por cuatro días. El magistrado a cargo del caso tendrá la potestad de aceptar o rechazar la solicitud de nulidad presentada por la defensa antes o después de concluir esta etapa. Zuleta aseguró que, si la solicitud no prospera, Azcurra negará todas las acusaciones en su contra.
Durante la audiencia de detención y formalización, realizada el 18 de agosto de 2023, se estableció un plazo de seis meses para la investigación penal preparatoria. Según Zuleta, la primera acusación se presentó el 16 de febrero de este año, dos días antes del vencimiento del plazo, pero fue desestimada por el órgano jurisdiccional. La segunda acusación se presentó el 19 de marzo, fuera del plazo, sin una prórroga formal.
La defensa de Azcurra sostiene que estas irregularidades procesales justifican la nulidad del juicio, buscando así proteger los derechos constitucionales de su cliente y garantizar un proceso justo.
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