DECSA insiste en cobrar la deuda de luz y espera una propuesta de Caucete antes de ir a la Justicia

A pesar de que ya venció el plazo impuesto por el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) para resolver el conflicto, desde la Distribuidora Eléctrica de Caucete (DECSA) todavía mantienen expectativas de alcanzar un acuerdo con la Municipalidad de Caucete por la millonaria deuda que la comuna mantiene por el consumo eléctrico de edificios públicos y el alumbrado urbano. De no mediar una propuesta de pago, advirtieron que el camino judicial será inevitable.

Según confirmó Daniel Castro, presidente de la empresa, en los próximos días mantendrán un encuentro con la intendenta Romina Rosas para tratar de avanzar en una solución. “Hay diálogo y eso es positivo. Esperamos una propuesta razonable”, dijo el directivo, aunque también remarcó que “si no hay avances concretos, no nos quedará otra opción que recurrir a la Justicia”.

El conflicto tomó estado público en abril, cuando DECSA informó que Caucete acumulaba una deuda de $465 millones entre diciembre de 2022 y septiembre de 2024. El municipio desconoció ese monto y ambas partes recurrieron al EPRE, que luego de evaluar el caso determinó que el pasivo real asciende a $550.162.640, incluyendo facturación hasta enero de 2025.

Además, el organismo regulador definió que esa resolución constituye una constancia de deuda y título hábil para iniciar el cobro por vía judicial, algo que hasta ahora DECSA ha evitado, priorizando el diálogo. Sin embargo, el municipio continúa sin reconocer oficialmente la deuda, hecho que motivó incluso una interpelación a la intendenta en el Concejo Deliberante, impulsada por el bloque opositor.

Mientras tanto, la empresa y el municipio trabajan en paralelo en otro requerimiento del EPRE: un plan de constatación de la cantidad y potencia de luminarias instaladas en Caucete, para ajustar parámetros de facturación y optimizar costos. Esa tarea implicará una inversión extra del municipio, con el objetivo de mejorar el sistema de alumbrado público.

A la espera de definiciones políticas, desde DECSA remarcan que hay voluntad de resolver el tema por las buenas, aunque con un límite claro. “Queremos evitar el juicio, pero no podemos esperar indefinidamente”, advirtió Castro. Por ahora, la intendenta Romina Rosas no respondió a los intentos de este medio por conocer su postura oficial.

Op: Juan Llarena