Cristina Kirchner define estrategia judicial para hacer frente a la denuncia de Capital Humano

Estrategia judicial

Otra de las líneas argumentales ante los tribunales de Comodoro Py será que no fue ella quien quiso cobrar algo de más. Sino que, oportunamente, tuvo una sentencia judicial que le reconoció ambos beneficios -jubilación y pensión- en forma retroactiva, que incluía el descuento del impuesto a las ganancias. Como dijo en su red social X la propia expresidenta, el hecho de haber renunciado al descuento de ganancias que había establecido el fallo judicial es lo que demuestra por sí solo que ella no quiso ganar más de lo que le correspondía, como asegura Capital Humano en su demanda.

La denuncia presentada por ANSES ya fue sorteada. Recayó en el juzgado federal 11, subrogado actualmente por el juez Julián Ercolini. Sin embargo, este viernes termina la subrogancia y se sorteará un nuevo magistrado suplente. En el bolillero girarán los nombres de Daniel Rafecas, Sebastián Ramos, Sebastián Casanello, María Eugenia Capuchetti (aunque está en duda porque ya subroga otro juzgado) y nuevamente Ercolini, pero en su juzgado titular, que es el número 10. El fiscal designado, en tanto fue Franco Picardi.

La defensa de Cristina estará a cargo de su abogado habitual en causas penales, Carlos Beraldi. Al mismo tiempo, el letrado que la representa y asesora en temas previsionales es Facundo Fernández Pastor, con quien dialogó en las últimas horas para articular la estrategia. Se trata del mismo profesional que la patrocina en el caso de la quita de la jubilación de privilegio por parte de ANSES, luego de la ratificación por parte de la cámara de Casación de la condena en la causa Vialidad, que tuvo lugar el año pasado.

Este último expediente es administrativo, pero ya está camino a judicializarse. Como adelantó Ámbito, Cristina impugnó la resolución por vía administrativa y- como era de prever- ANSES la rechazó. Sin embargo, la expresidenta aún no fue notificada formalmente de dicha resolución. Una vez que esto ocurra, hay un plazo de 90 días para llevar el caso a los tribunales.

El gobierno nacional le quitó el cobro de los haberes argumentando mal desempeño de sus funciones, tras la ratificación de la condena a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Para Cristina la medida fue ilegal, ya que sólo puede aplicarse en caso de una condena por juicio político.

Fuente: ÀMBITO

Por: Graciela Herrera