Desde diciembre de 2023, tras la intervención en los medios públicos, se produjo una reducción general de la programación, que fue parcialmente restableciéndose ante la presión interna de los equipos. Sin embargo, la situación empeoró cuando los medios fueron incluidos en la lista de empresas consideradas privatizables, generando una campaña nacional que finalmente excluyó de la privatización a Aerolíneas, Correo Argentino y RTA (Radio Nacional y TV Pública).
Desde el inicio de la intervención, los acuerdos salariales dejaron de cumplirse: los incrementos otorgados fueron menores a los pactados, y desde agosto de 2024 se congelaron los salarios. A esto se suman la falta de mantenimiento, la carencia de compra de materiales y recursos esenciales para el funcionamiento diario.
Ante esta situación, SATSAID y otros gremios del sector (prensa, locutores y jerárquicos) implementaron medidas de protesta, paros y acciones de visibilización. Desde abril de 2025, se conformó una unidad gremial que lleva adelante un plan de lucha continuo, buscando garantizar el respeto de los derechos laborales y condiciones dignas para los trabajadores de los medios públicos.
El panorama refleja no solo la precarización laboral, sino también los desafíos estructurales que atraviesan los medios estatales frente a la falta de inversión y políticas claras de gestión.
Op: Juan Llarena
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