Crece la judicialización por negación de cobertura en salud para personas con discapacidad en San Juan

A pesar de las leyes nacionales y provinciales que garantizan una cobertura del 100% para personas con discapacidad en tratamientos de salud y terapéuticos, son numerosos los casos que terminan en la Justicia para hacer valer este derecho. Según datos oficiales, en 2024 se judicializaron 71 amparos en tribunales civiles locales, con un promedio de 1,4 casos por semana. En lo que va de 2025, hasta el 15 de mayo, ya se registraron 13 amparos, lo que representa una reducción del 57% en la cantidad semanal.

Fernando Conte Grand, abogado especializado en la temática, explicó que las obras sociales y las prepagas siguen “denegando prestaciones que deberían otorgar”. El amparo es la vía legal que se utiliza cuando se violan derechos fundamentales, y generalmente se acompaña con una medida cautelar para que el prestador cumpla con su obligación mientras se resuelve la causa, dado que la salud no puede esperar.

A pesar de que tanto obras sociales públicas como privadas están obligadas a cubrir el 100% de los tratamientos relacionados con la discapacidad, muchas veces se presentan excusas como falta de fondos o supuestas incompatibilidades de cobertura para negar la atención. Conte Grand señaló que este fenómeno se da con “malicia y perversión”, afectando directamente a las personas que necesitan estos tratamientos.

De los amparos iniciados en los juzgados civiles locales en 2024, 11 fueron contra la Obra Social Provincia o el Estado provincial, mientras que otros casos involucraron obras sociales privadas como Medife, OSDE, OSPE y OSMATA, así como programas nacionales como PAMI, Profe e Incluir Salud. Sin embargo, Conte Grand indicó que la mayoría de los amparos probablemente se tramitan en la Justicia Federal, especialmente los que involucran prepagas y obras sociales privadas o nacionales.

El abogado remarcó que estas denuncias judiciales no reflejan el total de personas que no reciben la cobertura adecuada, ya que muchas desconocen sus derechos, carecen de recursos para demandar o terminan pagando tratamientos por su cuenta.

Finalmente, Conte Grand advirtió que el programa nacional Incluir Salud está desafilando a personas con discapacidad que cuentan con otras obras sociales, una práctica que contraviene las normativas vigentes y que debería corregirse para garantizar el acceso pleno a los derechos.