Crece el debate por la contratación de proveedores extranjeros en proyectos mineros de San Juan

La decisión de la empresa Vicuña de contratar a una firma de origen chino para la construcción de un campamento minero volvió a generar repercusiones en el sector empresarial sanjuanino. En esta oportunidad, el presidente de CAPRINSA, Fernando Godoy, expresó su preocupación por el impacto que este tipo de contrataciones puede tener sobre la cadena de valor local y el desarrollo de proveedores nacionales.

Si bien reconoció que algunas de las explicaciones brindadas por la compañía son atendibles desde el punto de vista técnico, consideró desacertado sostener que en Argentina no existen empresas con capacidad para afrontar una obra de esta magnitud.

“Quizás en San Juan no haya una empresa para fabricar dos mil camas con esos requisitos, pero sí la industria nacional está preparada”, afirmó el dirigente empresarial al referirse a las exigencias planteadas para el proyecto.

Según explicó, desde la cámara realizaron consultas con empresas vinculadas al sector y recibieron informes que indican que existen capacidades instaladas en distintas provincias para desarrollar este tipo de infraestructura, incluso bajo estándares internacionales de calidad y certificación.

Para Godoy, el principal cuestionamiento no está relacionado con la legalidad de la contratación, sino con las consecuencias económicas que genera en el entramado productivo local. En ese sentido, advirtió que gran parte de los componentes del campamento serían fabricados fuera del país, limitando la participación de empresas argentinas a tareas logísticas y servicios complementarios.

“Se pierde el tejido de la cadena de valor”, señaló al referirse a las oportunidades de empleo y contratación que, según considera, podrían haberse generado dentro del mercado nacional.

El titular de CAPRINSA también vinculó el debate con uno de los principales desafíos que enfrenta la actividad minera: la construcción y sostenimiento de la licencia social. A su entender, decisiones de este tipo pueden afectar la percepción pública sobre los beneficios que la minería deja en las comunidades donde desarrolla sus operaciones.

“La minería tiene una característica muy importante que es la licencia social. Si no tenés licencia social, se complica bastante”, sostuvo.

Otro de los puntos planteados por el dirigente fue la necesidad de mejorar los mecanismos de convocatoria y comunicación con los proveedores. Según indicó, muchas empresas desconocen los criterios utilizados para seleccionar participantes en determinados procesos licitatorios, lo que genera incertidumbre y limita las posibilidades de preparación para futuras oportunidades.

En ese contexto, Godoy volvió a respaldar el proyecto de Ley de Desarrollo Local Minero que actualmente se analiza en la Legislatura provincial. Consideró que una normativa de estas características podría contribuir a establecer reglas más claras para fomentar la participación de proveedores sanjuaninos y argentinos en los grandes emprendimientos mineros.

“Nosotros queremos que la minería sea para toda la provincia de San Juan”, expresó, al remarcar que el crecimiento del sector debe traducirse en más empleo, mayor contratación de servicios y un fortalecimiento sostenido de las empresas locales.

La discusión reabre un debate recurrente en torno al equilibrio entre la competitividad de los proyectos mineros, la apertura a proveedores internacionales y la necesidad de maximizar el impacto económico de la actividad en las economías regionales.

Op: Juan Llarena