Costos laborales invisibles: una traba creciente para el empleo formal

La Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (CADAM) encendió las alarmas sobre una problemática que, según la entidad, afecta directamente a la creación de empleo formal en el país: los costos laborales ocultos. Se trata de un conjunto de gastos que las empresas deben afrontar más allá del salario directo, y que, en muchos casos, no tienen correlato con mejoras concretas para los trabajadores ni margen de elección para los empleadores.

Uno de los puntos centrales señalados por CADAM es el aumento en las tarifas de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART), luego de que la Superintendencia de Seguros de la Nación eliminara los topes tarifarios mediante la Resolución N.º 18/2025. Esta medida provocó subas significativas en los valores que deben abonar las empresas por cada empleado, encareciendo aún más la estructura de costos de las firmas formales.

Pero el problema no se limita a las ART. La entidad también denunció una serie de contribuciones adicionales y aportes obligatorios que encarecen el empleo sin ser parte del salario. Uno de ellos es la contribución solidaria por COVID-19 incluida en el convenio colectivo de comercio desde abril de 2021, destinada a la obra social OSECAC. Lo llamativo, según CADAM, es que esta contribución sigue vigente incluso para trabajadores no afiliados a dicha obra social.

A esto se suma el aporte al Instituto Argentino de Capacitación Profesional (INACAP), que representa el 0,5% del salario de la categoría Maestranza A por cada empleado. Este fondo, que recaudaría más de $30.000 millones al año, está orientado al financiamiento de actividades de capacitación y fortalecimiento institucional de algunas cámaras empresarias, pero representa otro costo fijo para los empleadores, sin posibilidad de adhesión voluntaria ni control sobre su uso.

Otro gasto obligatorio es el seguro complementario de retiro La Estrella, un régimen que destina el 1,6% del salario a un fondo de retiro que combina un componente individual con uno solidario. Aunque la alícuota fue reducida respecto a años anteriores, la falta de portabilidad del beneficio y los altos requisitos de permanencia (mínimo 20 años de aporte) lo vuelven poco efectivo en muchos casos, sobre todo ante despidos o cambios de rubro.

Este cúmulo de obligaciones, según CADAM, termina desincentivando la contratación formal, especialmente en sectores de alta rotación y bajos márgenes como el comercio y la distribución. Y los datos parecen confirmar esta tendencia: un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP), dependiente de la UBA y el CONICET, indicó que en el segundo trimestre de 2025 la informalidad laboral alcanzó al 43,2% de los trabajadores argentinos. Entre los jóvenes, la cifra trepa al 65%, reflejando las mayores dificultades que enfrentan para acceder a un empleo en blanco.

Desde la cámara concluyeron que este contexto afecta directamente la capacidad del sector privado para generar empleo genuino:

“Estas erogaciones, que se suman a cargas sociales y otros compromisos patronales, incrementan considerablemente el costo laboral argentino, reducen márgenes de inversión y desalientan la contratación de nuevos trabajadores. Esta situación limita la capacidad del sector privado de generar empleo formal, motor indispensable para el crecimiento económico del país”, advirtieron.

La advertencia de CADAM busca poner sobre la mesa un debate necesario: cómo revisar el sistema de costos laborales para favorecer la formalidad, sin resignar derechos ni debilitar al sistema de seguridad social. En un contexto económico complejo, encontrar ese equilibrio será clave para evitar que más argentinos queden atrapados en la informalidad.