Confusión en Fiscalía por la denuncia de Arancibia: le pidieron nombres por enriquecimiento ilícito y él negó haberlo denunciado

La denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia para que se investiguen las presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum generó una interpretación inesperada en la Justicia. Tras recibir el escrito, la UFI Delitos Especiales, a cargo del fiscal Sebastián Gómez, le solicitó que identifique a los funcionarios o exfuncionarios que —según la denuncia— habrían incurrido en enriquecimiento ilícito, además de detallar los bienes o incrementos patrimoniales presuntamente injustificados.

La respuesta del abogado llegó rápidamente: Arancibia afirmó que no denunció ese delito, por lo que no podía aportar los datos requeridos. La aclaración llamó la atención en Fiscalía, ya que el propio abogado había hecho referencia, en su presentación, al plazo legal de dos años para imputar enriquecimiento ilícito a un exfuncionario, lo que fue interpretado como una alusión directa a ese tipo penal.

Pese a la confusión, desde la UFI remarcaron que la investigación continuará sobre el resto de las posibles irregularidades señaladas en la denuncia. La fiscalía cuenta ahora con un plazo de 15 días hábiles para realizar una valoración preliminar y determinar si corresponde avanzar con una investigación formal o archivar el escrito. En caso de optar por una investigación previa, tendrá 90 días prorrogables por otros 90 para reunir información antes de solicitar la apertura de una causa penal.

Arancibia fundamentó su denuncia en publicaciones periodísticas que revelan la presunta utilización de cañerías de calidad inferior y con sobreprecios en el Acueducto Gran Tulum. Entre los nombres mencionados aparece el empresario Gustavo Monti, primo del exgobernador Sergio Uñac, a quien se vinculó con la provisión de materiales a la obra. Estas irregularidades ya habían motivado un pedido de informes en la Cámara de Diputados, aún pendiente de respuesta por parte de OSSE.

Aunque negó haber denunciado enriquecimiento ilícito, Arancibia sostuvo que los hechos podrían encuadrarse en negociaciones incompatibles, malversación de caudales públicos, defraudación al Estado, dádivas y hasta asociación ilícita, entre otros posibles delitos.
La investigación recién comienza y la definición de Fiscalía será clave para determinar si el caso avanza hacia una instancia penal.