Conflicto universitario en San Juan: padres recurren a la Justicia ante los paros y ADICUS advierte sobre medidas para el ciclo 2027
Mientras el gremio docente ratificó un nuevo paro de 72 horas que elevará a 41 las jornadas sin clases en los colegios preuniversitarios, un grupo de familias impulsa un amparo judicial. Desde el sector gremial apuntan al Gobierno nacional y anticipan posibles medidas extremas para el próximo año.
La comunidad educativa de la Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) atraviesa momentos de alta tensión debido a la profundización del conflicto salarial y presupuestario. Por un lado, la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNSJ (ADICUS) ratificó un paro de 72 horas —previsto para este miércoles 30 de septiembre, jueves 1 y viernes 2 de octubre— en reclamo de una recomposición salarial y la plena aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
Por el otro, padres y madres autoconvocados de los colegios preuniversitarios manifestaron su profunda preocupación al advertir que, con estas nuevas medidas, los estudiantes acumularán 41 días hábiles de paro durante el año (representando aproximadamente el 31% del ciclo lectivo), afectando de manera directa contenidos básicos y materias técnicas fundamentales.
Acciones judiciales y posturas encontradas
Ante la falta de continuidad pedagógica, un grupo cercano a 300 familias autoconvocadas financió y presentó un amparo judicial para exigir garantías en el normal dictado de clases, cuestionando que las medidas de fuerza se extiendan por tercer año consecutivo afectando a los alumnos.
Desde el sector gremial, la secretaria gremial de ADICUS, Edith Liquitay, justificó la medida de fuerza tras el fracaso de las últimas negociaciones paritarias y la falta de respuestas del Ejecutivo nacional, desvinculando la responsabilidad del ámbito local. Asimismo, el gremio advirtió que el conflicto podría escalar de cara al próximo período lectivo, evaluando acciones como la retención de exámenes o el no inicio del ciclo lectivo 2027 si no hay una solución de fondo al presupuesto universitario.
Las familias, por su parte, aclaran que no cuestionan el reclamo salarial de los docentes ni la defensa de la educación pública, sino el impacto directo que la pérdida sostenida de jornadas tiene sobre el futuro académico de los estudiantes.
POR LIC. EUGENIA VILA
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