Conflicto por una línea eléctrica clave sacude al sector minero sanjuanino

La decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de otorgar prioridad al proyecto minero Vicuña sobre gran parte de la capacidad remanente de la línea eléctrica de 500 kV Nueva San Juan–Rodeo generó un fuerte revuelo en el sector minero de San Juan y abrió un conflicto con el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE).

La medida quedó plasmada en la resolución 079/26 del organismo nacional, que habilita el proceso de acceso y ampliación del sistema eléctrico para abastecer de energía al proyecto Vicuña, iniciativa impulsada por la alianza entre las compañías Lundin Mining y BHP, responsables de los proyectos Josemaría y Filo del Sol.

Según la interpretación del EPRE, la resolución le otorgaría a ese emprendimiento el uso prioritario del 90% de la capacidad de transporte remanente de la línea de alta tensión que conecta Nueva San Juan con Rodeo, una infraestructura considerada clave para el desarrollo de nuevos proyectos mineros en la provincia.

Ante este escenario, el ente regulador provincial solicitó la realización de una audiencia pública para analizar el impacto de la medida y advirtió que podría afectar la seguridad del sistema eléctrico, influir en las tarifas y limitar el acceso de otros emprendimientos a la red. Incluso, desde el organismo no descartaron la posibilidad de acudir a la Justicia si la resolución no es revisada.

Desde la empresa Vicuña, sin embargo, rechazaron que la decisión implique un control exclusivo sobre la infraestructura eléctrica de la provincia. En declaraciones difundidas por medios nacionales, aseguraron que el trámite forma parte del procedimiento habitual que deben seguir los proyectos que necesitan conectarse al sistema de transporte eléctrico.

A pesar de esas aclaraciones, la resolución encendió alarmas entre otras compañías del sector que desarrollan proyectos en San Juan. Una de las primeras en reaccionar fue McEwen Copper, responsable del proyecto Los Azules, que ya presentó una oposición formal ante el ENRE contra la medida.

La polémica también tuvo repercusiones políticas. Intendentes de departamentos con actividad minera, como Jáchal, Ullum y Calingasta, reclamaron que se realice una audiencia pública y manifestaron su rechazo a la decisión.

Pero el conflicto también generó tensiones dentro de la propia Cámara Minera de San Juan. Allí, algunos integrantes pusieron la lupa sobre la situación de su presidente, Iván Grgich, quien además se desempeña como gerente de Relaciones Comunitarias del proyecto Josemaría, uno de los emprendimientos que forman parte de Vicuña.

Ese doble rol lo dejó en una posición incómoda frente a empresas asociadas a la entidad que cuestionan la decisión del ENRE y buscan explicaciones sobre si la cámara tenía conocimiento previo de la resolución o si se realizaron gestiones ante las autoridades provinciales.

Hasta el momento, desde la Cámara Minera indicaron que no habrá declaraciones públicas sobre el tema.

El conflicto también tiene derivaciones políticas en la provincia. En el entorno del gobernador Marcelo Orrego reconocen que la situación generó incomodidad, especialmente porque la polémica surge en un momento en que el Gobierno provincial busca consolidar acuerdos y avanzar con el desarrollo de nuevos proyectos mineros.

En paralelo, el Ejecutivo informó recientemente que Orrego mantuvo reuniones con directivos de Lundin durante un encuentro minero en Vancouver, aunque en esa comunicación oficial no se mencionó el conflicto generado por la resolución del ENRE.

Mientras tanto, el debate continúa escalando entre organismos regulatorios, empresas y dirigentes del sector, en un escenario que podría derivar en una disputa judicial si no aparece una salida consensuada.