El recambio de la empresa de seguridad en el Hospital Doctor Guillermo Rawson, concretado el pasado 1 de enero, derivó en un conflicto laboral que afecta a cerca de 120 trabajadores. Desde la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSA) denunciaron que la firma Hunter, que perdió la licitación del servicio, avanzó con despidos masivos y maniobras para evitar el pago completo de las indemnizaciones.
Según explicaron desde el gremio, Hunter comunicó la finalización de los vínculos laborales tras quedar fuera del contrato y argumentó una supuesta situación de quiebra para reducir los montos indemnizatorios. Al tratarse de un conflicto entre empresas privadas, algunos de los trabajadores afectados ya iniciaron conversaciones con la firma El Guardián, que resultó adjudicataria de la licitación, con la expectativa de ser incorporados.
Desde UPSA señalaron que el proceso licitatorio fue realizado con antelación y que era conocido por todas las empresas del sector. “La licitación se llevó adelante con la participación de varias firmas y se adjudicó a la que presentó un valor hora competitivo”, explicó el delegado regional del sindicato, Pablo Abrego. Según indicó, el hospital avanzó con la empresa ganadora sin que la firma saliente notificara formalmente a los trabajadores ni sobre el resultado de la licitación ni sobre la finalización del contrato.
El gremio remarcó que, en este tipo de recambios, existe una práctica habitual orientada a preservar las fuentes laborales. “Cuando se produce un cambio de empresa, lo razonable es que la firma entrante absorba entre el 70% y el 80% del personal que ya venía prestando tareas en el objetivo”, sostuvo Abrego. Sin embargo, aseguró que en este caso no hubo un traspaso ordenado ni acuerdos que evitaran los despidos.
Otro de los puntos cuestionados por el sindicato fue el encuadre legal utilizado por Hunter para desvincular a los trabajadores. “Se aplicó un artículo que no corresponde a la actividad de los vigiladores y que reduce de manera indebida los montos indemnizatorios”, denunció el dirigente. En ese sentido, rechazó el argumento de una supuesta quiebra y afirmó que la empresa continúa operando a nivel nacional, con miles de empleados en distintos puntos del país.
Abrego advirtió además sobre el impacto social de la situación, ya que muchos de los afectados cuentan con una extensa trayectoria en el hospital. “Hay vigiladores con más de 20 años de servicio continuo en ese establecimiento que, de un día para el otro, se encontraron sin trabajo y sin una explicación clara”, expresó.
Frente a este escenario, UPSA solicitó la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia y pidió una audiencia para analizar el conflicto y exigir el respeto de los derechos laborales. Finalmente, el delegado regional afirmó que el reclamo se sostiene tanto a nivel provincial como nacional y que el sindicato brindará respaldo a todos los trabajadores afectados, estén o no afiliados. “Si no hay respuestas, se evaluarán medidas gremiales como paro y movilización”, concluyó.
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