Un tribunal nacional, confirmó un fallo inédito de la justicia federal local: el que consideró como trata de personas a un casamiento gitano, imponiéndole a un miembro de esa comunidad un castigo de 10 años por esa ‘unión forzada’ y también por anotar con un nombre falso en el registro civil a su ‘esposa’, que con 14 años, en 2013, fue trasladada desde Caleta Olivia, Santa Cruz, hasta San Juan sin documentos, para casarse con Miguel Angel Aramayo (33). Esa vez el tío de la jovencita recibió $50.000 como parte de la dote, una ‘indemnización o pago simbólico’ que acostumbra a entregar la familia del marido a la de la esposa en esa comunidad. Tras el fallo, Aramayo fue detenido pasó al Penal de Chimbas.

El 19 de noviembre de 2021, la jueza tribunal federal, Eliana Rattá de Rivas, adhirió al planteo del fiscal federal, Francisco Maldonado, y consideró que Aramayo no solo cometió esos delitos sino también el de la falsedad ideológica de los DNI sus las dos nenas que tuvo con Aramayo, anotadas con la falsa identidad de su madre. Por esa razón, la magistrada anuló esas partidas de nacimiento y ordenó hacer nuevos DNI para la joven gitana y sus hijas.

Fueron los jueces Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci (Cámara Federal de Casación Penal), quienes ratificaron la sentencia de la jueza Rattá de Rivas. Y el fallo quedó firme, porque otro tribunal desestimó un nuevo reclamo del defensor, Oscar Adárvez, para revertir la situación de su cliente. Adárvez sostenía que la unión de Aramayo con la joven había sido libre y voluntaria, parte de la archiconocida tradición del casamiento con el pago de una dote, que es un pago simbólico posterior a la unión y no como compra de una persona. Además, dijo que la jovencita tenía libertad, podía comunicarse, no era maltratada ni estaba retenida a la fuerza, porque de su declaración se desprendía que tenía problemas con su suegra y una de sus cuñadas pero no con su marido. Y que en consecuencia no se había cometido ningún delito.

El propio condenado y su padre, Raúl (fallecido en 2021 por covid) pasaron unos 6 meses presos al comenzar la investigación, el 6 de enero de 2017. Fue un día después de que la joven gitana (por entonces registrada con el nombre falso de Johana Estefanía Juan) escapara de la casa de su ‘marido’ y le pidiera a un vecino que se contactara con su familia para que la rescataran. Según la chica, todos en la familia de su marido la golpeaban, la tenían virtualmente presa, no le daban dinero ni le permitían hablar con su familia y la dejaban salir vigilada solo a lugares cercanos o a cobrar la asignación universal por hijo, dinero que debía entregar. Ese y otros vecinos atestiguaron los malos tratos que sufría.

Para el tribunal federal, se probó que el delito de trata se perpetró por la extensión que tuvo esa ‘unión de hecho forzada’ (unos 3 años) y la explotación que sufrió, en su dignidad personal.