Confirman el archivo de la causa contra funcionarios por el supuesto faltante de dólares en un allanamiento

El fuero penal ratificó el archivo de la investigación iniciada tras la denuncia por la supuesta desaparición de 12.400 dólares durante un operativo policial y judicial. El coordinador de la Unidad Fiscal Delitos Especiales, Iván Grassi, actuó como fiscal revisor y confirmó la desestimación firmada previamente por su colega, el fiscal Nicolás Schiattino, al concluir que los elementos de prueba descartan la existencia de un delito.

La denuncia había sido presentada el 9 de septiembre por Laura Naranjo a raíz de un procedimiento concretado el pasado 14 de julio en su domicilio del departamento Capital. El allanamiento se había llevado a cabo en el marco de la investigación por un escruche ocurrido en Santa Lucía, causa en la que estuvo vinculado un vehículo perteneciente a su marido —quien posteriormente fue desvinculado al demostrarse que el automóvil había sido alquilado—. Según el planteo de Naranjo, en la vivienda había una caja fuerte con más de 15.000 dólares ahorrados, de los cuales, según su versión, faltaron 12.400 dólares tras el traslado del cofre a Tribunales.

La acusación apuntaba contra la coordinadora de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica; el ayudante fiscal Nicolás Zapata; el oficial inspector Marcos Atencio; y otros efectivos policiales intervinientes. Frente al primer rechazo dispuesto por el fiscal Schiattino, los abogados defensores Néstor “Roly” Olivera y Marcelo Sández apelaron la decisión solicitando la producción de medidas probatorias.

Para resolver la revisión, Grassi dispuso la toma de declaración a los dos testigos civiles de actuación —dos repartidores que transitaban por la zona al momento del operativo— y el cotejo de los registros audiovisuales. Durante sus testimonios, los testigos coincidieron en que la caja fuerte fue hallada y abierta en la habitación en presencia de los habitante de la casa y que, tras constatar la presencia del dinero, todo el contenido volvió a ingresarse en el cofre, cerrándolo frente a todos.

Grassi remarcó que las declaraciones de los testigos demuestran que no existió una requisa subrepticia y que la integridad de lo incautado se mantuvo a la vista. Asimismo, se constató que la apertura posterior de la caja en sede judicial para el recuento oficial —donde se inventariaron 2.900 dólares corrientes, 371 de colección y una suma en pesos— se ejecutó bajo filmación continua, con la presencia del abogado de la parte querellante y del esposo de la denunciante, y con las llaves resguardadas en un sobre cerrado bajo cadena de custodia.

En su resolución, el fiscal revisor señaló que las planillas contables privadas presentadas por la denunciante no tienen la entidad suficiente para enervar la fe pública de las actas oficiales. Con ello, la Justicia dio por cerrada la investigación al no encontrar elementos que acrediten la sustracción ilegítima del dinero.

Rivero