Condenaron a un hombre que se hacía pasar por abogado y empleado judicial para cometer estafas millonarias

Lucas Eduardo Rojas Moretta admitió su responsabilidad en tres maniobras fraudulentas que provocaron pérdidas superiores a los 11 millones de pesos y 35 mil dólares. Recibió una pena de tres años de prisión condicional.

La Justicia de San Juan condenó este lunes a Lucas Eduardo Rojas Moretta, de 38 años, a tres años de prisión de cumplimiento condicional tras encontrarlo responsable de una serie de estafas cometidas mediante falsas presentaciones como abogado y agente del Poder Judicial.

La sentencia fue homologada por el juez Rodolfo Javier Figuerola en el marco de un acuerdo de juicio abreviado, luego de que el imputado reconociera su participación en los hechos investigados. Además de la pena, deberá cumplir reglas de conducta durante dos años bajo supervisión del Patronato de Liberados.

Según la investigación encabezada por el fiscal Guillermo Heredia, Rojas Moretta utilizó durante años una identidad profesional falsa para generar confianza en sus víctimas y concretar distintas maniobras defraudatorias.

Uno de los episodios ocurrió entre mayo y junio de 2024, cuando retiró del frigorífico MEC S.A.S., ubicado en Rawson, un cargamento de 200 medias reses bovinas y 101 porcinas. Para concretar la operación entregó dos cheques sin fondos por más de 11,5 millones de pesos, monto que nunca fue abonado.

La segunda maniobra tuvo como víctima al médico Osvaldo Echenique. De acuerdo con la causa, en abril de 2024 el condenado lo convenció de invertir en un supuesto negocio legítimo y recibió 20.000 dólares en efectivo, además de transferencias por más de 12 millones de pesos. El dinero nunca fue restituido.

El tercer hecho se registró entre diciembre de 2023 y enero de 2024. En esa oportunidad, Claudio Machado Guirado le entregó 15.000 dólares a cambio de pagarés y la promesa de obtener una renta mensual de 1.700 dólares. Cuando intentó recuperar el capital, Rojas Moretta alegó haber sufrido un accidente fuera de la provincia para justificar las demoras. Más tarde, la víctima comprobó que el domicilio consignado en la documentación era inexistente.

Durante las audiencias también se conoció que el condenado registraba antecedentes por hechos similares en la provincia de Santiago del Estero. Según expuso el Ministerio Público Fiscal, había sido detenido en esa jurisdicción a mediados de 2024 en el marco de una investigación por presuntas defraudaciones.

Con la homologación del acuerdo, la causa quedó resuelta y el acusado evitó un juicio oral, aunque deberá cumplir estrictamente las condiciones impuestas para conservar el beneficio de la condena condicional.

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