Tres profesionales de la salud fueron condenados por defraudación a la Administración Pública (art. 174 inc. 5 del Código Penal) luego de confirmarse que facturaron y cobraron prestaciones inexistentes a la Obra Social Provincia (OSP). La maniobra fraudulenta quedó al descubierto cuando un afiliado revisó su cuenta en la plataforma Ciudadano Digital (CIDI) y detectó registros de atenciones médicas que jamás había solicitado ni recibido.
La investigación judicial determinó que el sistema informático DOS permitía la extracción de bonos sin exigencia del carnet físico, lo que facilitó la confección de documentación con firmas falsificadas. A través de un juicio abreviado, la Justicia fijó las siguientes resoluciones según la cantidad de irregularidades comprobadas:
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Carlos Fernando Agüero (Médico): Condenado a 2 años y 5 meses de prisión de ejecución condicional por 26 hechos.
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Eduardo Octavio Leaniz (Médico): Condenado a 2 años y 3 meses de prisión de ejecución condicional por 18 hechos.
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Pablo Daniel Olivares (Bioquímico): Condenado a 2 años de prisión de ejecución condicional por 10 hechos.
Los tres condenados deberán someterse al control del Patronato de Liberados durante un período de dos años. En la misma causa, la kinesióloga Natalia Gimena Mateos resultó sobreseída al no hallarse elementos de prueba suficientes que acreditaran su participación en las maniobras investigadas.
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