Condenan a Policía de San Juan por Cobro Irregular de Adicionales en Caso de Corrupción en la Administración Pública

En un fallo judicial emitido hoy, el oficial de policía Javier Lucero ha sido condenado por el delito de irregularidades en el cobro de adicionales en perjuicio de la administración pública. La sentencia, dictada por la jueza Celia Maldonado, establece una pena de 2 años de prisión de cumplimiento condicional y una inhabilitación para ocupar cargos públicos durante el período en el que se cometió el delito.

 

El caso se centró en el cobro irregular de horas extras por parte del oficial Lucero, quien había afirmado trabajar en una escuela en La Bebida, Rivadavia, mientras estaba asignado a la División de Ingenieros. El fiscal a cargo del caso, Adrián Riveros, explicó que la denuncia inicial fue presentada por el jefe de la Policía, Luis Martínez, y que la investigación reveló una serie de irregularidades en el cobro de horas extras por parte del oficial.

 

La condena de 2 años de prisión condicional está respaldada por el artículo 20 bis del Código Penal, que se refiere a la incompetencia en el ejercicio de las funciones del acusado. Además, la jueza Maldonado impuso al condenado la obligación de cumplir una regla de conducta, según lo establecido en el artículo 27 bis del Código Penal, que incluye la obligación de establecer un domicilio real.

 

Además de la pena de prisión, Lucero deberá someterse al cuidado del patronato de presos, liberados y excarcelados. A pesar de la condena, el oficial mantendrá su libertad, pero estará a disposición de las autoridades judiciales si así se requiere. Las costas del juicio serán impuestas al condenado de acuerdo con la legislación aplicable.

 

La jueza también ordenó que el caso se remitiera a la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales con el fin de investigar posibles delitos relacionados con el testimonio de Elva Rita Ascui, en respuesta a una solicitud del fiscal Riveros.

 

El caso ha destacado la importancia de investigar y sancionar casos de corrupción en la administración pública y garantizar la integridad y transparencia en la gestión de recursos públicos. La condena de Javier Lucero envía un mensaje claro sobre la responsabilidad y rendición de cuentas en el ejercicio de cargos públicos.