Comunidades del Sur sanjuanino denuncian la “privatización” del Río del Agua por parte de empresas agroexportadoras
Vecinos de Guanacache y Divisadero acusan a grandes firmas de desviar el caudal mediante represas y tomas ilegales. Presentaron una denuncia ante la Defensoría del Pueblo y exigen un amparo colectivo para garantizar el acceso al agua y frenar el deterioro ambiental de la cuenca.
Las comunidades de Guanacache y Divisadero dieron un paso decisivo y presentaron una denuncia conjunta en la Defensoría del Pueblo, asegurando que el Río del Agua está siendo desviado y retenido ilegalmente por empresas agroexportadoras instaladas aguas arriba. Según afirman, estas intervenciones han dejado sin caudal a los pobladores históricos y profundizado una crisis hídrica que afecta a siete localidades y al ecosistema de las Lagunas de Guanacache, un humedal reconocido como Sitio Ramsar.
La denuncia surge días después de que ambos pueblos alcanzaran un acuerdo privado histórico, que puso fin a años de conflicto entre ellos por la distribución del agua. Ese entendimiento —homologado judicialmente— permitió cambiar el enfoque: ya no verse como adversarios, sino identificar un problema común.
“El conflicto no era entre nosotros, sino con quienes están captando toda el agua”, expresaron los denunciantes.
Acusan desvíos, represas clandestinas y captación total del caudal
La presentación ante la Defensora Florencia Peñaloza detalla la existencia de más de diez grandes represas, diques y tomas privadas instaladas sobre el curso del Río del Agua. Algunas de estas obras tendrían más de 20 años y estarían vinculadas a empresas agroexportadoras y proyectos de diferimiento, presuntamente autorizados o tolerados por Hidráulica.
Entre las firmas mencionadas figuran Tambo S.A., Agrícola de los Andes S.A., Viña Santa Clara S.A. y Estancia El Durazno S.A.. Según los vecinos, estas intervenciones captan prácticamente la totalidad del caudal, impidiendo que el agua llegue a Divisadero y Guanacache, donde la merma se agravó en los últimos años por la ausencia de celadores de riego.
La denuncia también señala a Calera San Juan S.A., que —afirman— se habría apropiado de un pozo comunitario para abastecer una planta potabilizadora privada.
Siete localidades y un humedal en peligro
La crisis no se limita a dos pueblos. También afecta a Pedernal, Retamito, Cieneguita y Tres Esquinas, además del complejo ambiental de las Lagunas de Guanacache, cuya supervivencia depende del aporte natural del río.
Hoy, el humedal atraviesa una degradación severa.
“Las empresas están cortando el río como si fuera propio. Pero el agua es de dominio público y pertenece a todos”, remarcan los vecinos.
Exigen un amparo colectivo y obras postergadas hace décadas
Los habitantes, representados por los abogados Martín Alejandro Mut Paton y Jorge Luis González Narváez, pidieron que la Defensoría interponga un amparo colectivo contra el Gobierno de San Juan y el Departamento de Hidráulica. Los objetivos son:
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Restituir el caudal de riego y agua potable para esta temporada y las siguientes.
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Obligar a la Provincia a ejecutar obras hidráulicas proyectadas desde hace décadas.
La obra prioritaria es el Partidor Guanacache–Divisadero, diseñado en 2004 y nunca construido (Expediente Nº10.407/2/U/95 y/o 506-3527-U). También solicitaron una medida de No Innovar para evitar que las empresas continúen tomando el caudal mientras avanza la investigación.
Reclaman control estatal y sanciones ambientales
La denuncia también cuestiona la inacción de Hidráulica, a la que acusan de violar el Código de Aguas al permitir una distribución desigual del recurso. Además, piden que la Secretaría de Ambiente evalúe la legalidad de las obras privadas y sancione a quienes hayan causado daños en la cuenca y en las poblaciones.
Los vecinos describen una postal contundente:
“A la izquierda, el cauce del río seco; a la derecha, los campos privados verdes con el agua que debería correr libremente”.
Dos pueblos unidos por el agua que les falta
La articulación entre Divisadero y Guanacache se transformó en un símbolo. Tras años de disputas, hoy avanzan juntos para reclamar por el agua que —aseguran— les fue arrebatada.
Mientras la Justicia define los próximos pasos, el caudal continúa detenido en represas privadas. Las comunidades esperan que esta vez, la presión social y legal abra finalmente la válvula que lleva demasiado tiempo cerrada.
Op: Juan Llarena
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