Comenzó el jury por el caso Nora Dalmasso: investigan a los fiscales por presunto mal desempeño

El jury contra los fiscales que intervinieron en la investigación por el crimen de Nora Dalmasso comenzó este lunes, en medio de una fuerte expectativa pública y judicial. Los funcionarios están acusados de mal desempeño por haber sostenido la imputación contra el viudo de la víctima, a pesar de que distintas pruebas habrían desestimado su responsabilidad en el hecho.

El proceso, que se desarrollará con audiencias previstas hasta el próximo 27 de abril, buscará determinar si los fiscales actuaron con negligencia, parcialidad o falta de apego a las pruebas durante una de las causas más emblemáticas y controvertidas de la historia reciente argentina.

Durante la jornada inicial, se expusieron los lineamientos de la acusación, que sostiene que la investigación estuvo marcada por irregularidades, hipótesis forzadas y una insistencia en incriminar al esposo de Dalmasso sin sustento probatorio suficiente. En ese sentido, se remarcó que esta conducta no solo afectó la búsqueda de la verdad, sino también la credibilidad del sistema judicial.

Por su parte, los fiscales cuestionados rechazaron las acusaciones y defendieron su actuación, argumentando que todas las decisiones tomadas se basaron en los elementos disponibles en ese momento y dentro del marco legal vigente. Además, insistieron en que el avance de la causa estuvo condicionado por la complejidad del caso y la presión mediática.

A lo largo de las audiencias se prevé la declaración de testigos clave, peritos y especialistas, así como la presentación de documentación vinculada a la investigación original. El tribunal evaluará si existieron faltas graves que justifiquen la destitución de los funcionarios.

El jury representa un nuevo capítulo en el extenso y polémico caso Dalmasso, que desde hace años expone falencias en la investigación judicial y mantiene abiertas interrogantes sobre el crimen que conmocionó al país. La resolución final podría sentar un precedente importante en materia de responsabilidad de los operadores judiciales.