La Cámara de Diputados comenzó a analizar diferentes proyectos para reformar la ley que regula la sanción de Decretos de Necesidad y Urgencia en un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento. Durante la primera reunión informativa quedó en claro que existe una voluntad política mayoritaria de cambiar los mecanismos para limitar al Poder Ejecutivo. Pero todavía existen muchas diferencias que no están zanjadas, incluso dentro de Unión por la Patria, el bloque que tendrá que aportar la mayoría de las firmas para que prospere cualquier dictamen.

Actualmente hay 16 proyectos con estado parlamentario presentados, entre otros, por el radicalismo (Carla Carrizo, Pablo Juliano, Fernando Carbajal), Encuentro Federal (Oscar Agost Carreño, Margarita Stolbizer, Mónica Fein, Ricardo López Murphy), la Coalición Cívica (Juan Manuel López) y Unión por la Patria (Roberto Mirabella, Mónica Litza). Todos comparten el espíritu de agilizar y facilitar el rechazo de los decretos para evitar que el Poder Ejecutivo asuma funciones legislativas que no le corresponden.

Los DNU están contemplados en la Constitución Nacional (artículo 99), pero bajo una premisa que suele no cumplirse: que existan “circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios”, de ahí el nombre “decretos de necesidad y urgencia”. Asimismo, la Ley 26.122 determina que el Congreso puede ratificarlos o derogarlos con el rechazo de ambas Cámaras. Este último caso solo se dio una vez en la historia, con la derogación del DNU que aumentaba los fondos reservados a la SIDE.

Si bien el debate lleva casi 20 años, porque la Ley 26.122 fue sancionada en 2006 durante el gobierno de Néstor Kirchner, resulta clave el cambio de posición del peronismo, que hasta el momento se mostraba renuente a modificar la norma. “Las herramientas las usa alguien, en este caso Milei”, explicaron desde el bloque que conduce Germán Martínez.

En general, la discusión gira en torno a dos temas: el plazo y la bicameralidad. El primero es el que reúne mayores consensos ya que la mayoría de los proyectos plantea un máximo de entre 60 y 90 días para que el Congreso deba tratar los DNU. En cambio, la obligatoriedad de que las dos cámaras deban expedirse es un punto que todavía necesita mucho debate.

“Tenemos una ventana de oportunidad para mejorar la calidad institucional. Eso genera confianza internacional y ayuda al Gobierno. No es en contra de ningún presidente, es a favor de la república. Vamos a empezar a cumplir con la Constitución Nacional, que claramente es restrictiva. Es inadmisible que tenga más valor un decreto que una ley. Siempre pedimos que dos Cámaras aprueben una ley pero solo se necesita una firma para sacar un decreto”, planteó el cordobés Oscar Agost Carreño, del bloque Encuentro Federal.

“Mi proyecto es bastante restrictivo: plantea un plazo de 60 días para que lo revisen las cámaras. Si una rechaza, pierde vigencia. Y propone que pueda aceptarse parcialmente”, detalló.

Por su parte, tanto los diputados libertarios como algunos representantes del PRO dejaron traslucir que su estrategia será estirar el debate para que el proyecto no llegue al recinto durante este año parlamentario.

“Es un tema demasiado profundo para no escuchar a todas las miradas, es algo que no se puede abordar en tres sesiones. Este no es un tema para tomar a la ligera. No cancelen la oportunidad de un debate profundo”, planteó la diputada Silvana Giudici, cercana a Patricia Bullrich, que reclamó la exposición de diferentes tipos de especialistas.

Asimismo, apuntó contra el kirchnerismo por su cambio de posición. “Tendrían que explicar por qué ahora quieren hacer modificaciones. ¿Por qué ahora cuando no fue antes? Siempre fue rechazado por el mismo sector. Ahora la mayoría que quiere forzar esta ley es la que antes se resistió”, agregó.

“El emplazamiento obliga a reunirse pero no es obligación firmar dictamen, nadie puede ser obligado a dictaminar”, dijo el libertario Nicolás Mayoraz sobre el final de la reunión. Sus palabras encendieron algunas alarmas en la oposición e inmediatamente el jefe del bloque UxP pidió la palabra para aclarar que la resolución de dictaminar el 30 de octubre que tomó el cuerpo por mayoría durante la última sesión no puede ser ignorada. “Es verdad que nadie está obligado a firmar ningún dictamen, será nuestra responsabilidad llegar a una mayoría de firmas para que ese dictamen sea válido”, concluyó.

Por lo pronto, en los próximos días cada bancada tendrá que proponer una lista de invitados para que expongan el miércoles que viene. Incluso podrán participar los autores de los proyectos que hayan perdido estado parlamentario. Patricia Bullrich podría ser una de ellos.

Fuente: Infobae

Rivero. C