Claudia Sarmiento renuncia al Gobierno de San Juan para disputar un lugar en el Consejo de la Magistratura

Claudia Sarmiento dio un paso al costado en la función pública provincial para volcarse de lleno a la campaña nacional de cara a los comicios del próximo 20 de octubre. La abogada presentó su renuncia al cargo de secretaria de Relaciones Institucionales del Ministerio de Gobierno de San Juan tras oficializarse su candidatura ante la Junta Electoral de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

Sarmiento competirá como segunda candidata titular dentro de la lista Unidad en Defensa de la Abogacía, nómina que encabeza Alberto Biglieri y que integran también Nazario Eduardo Bittar y María Jazminka Mihaljevic. La abogada sanjuanina, vinculada al PRO y referente del espacio Abogados en Acción, mantiene además un estrecho vínculo político e institucional con Jimena de la Torre, una de las actuales representantes del estamento que finalizará su mandato con la renovación prevista.

La contienda electoral se desarrollará bajo el sistema de distrito único nacional y convocará a todos los profesionales con matrícula federal activa, en el horario de 9 a 18. En este turno electoral se disputarán cuatro bancas titulares y cuatro suplencias para el período 2026-2030, destinadas a renovar los lugares que hoy ocupan Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques.

El escenario se presenta competitivo tras la formalización de cuatro listas. Junto a Unidad en Defensa de la Abogacía, participarán Abogacía por la Libertad (liderada por Luis Alberto Palomino y Valeria Fredes), Abogacía Unida y Dignidad Profesional (encabezada por Itatí Demarchi Arballo y Jorge Rizzo) y Abogacía Federal (con Fernando Pablo Levene y Sandra Silvina París a la cabeza).

Quienes resulten electos se incorporarán al organismo de 20 integrantes que tiene a su cargo funciones clave para el sistema judicial del país, fundamentalmente la selección de candidatos para cubrir vacantes en los tribunales y el ejercicio del poder disciplinario sobre los magistrados.