El resonante caso del “puntero de las 51 tarjetas” llega finalmente a su etapa decisiva en la Justicia Federal. Romeo Isidoro Saavedra, histórico referente político de Chimbas, se sienta en el banquillo de los acusados junto a su núcleo familiar. El grupo está procesado por montar una estructura ilícita que drenaba fondos públicos destinados a sectores vulnerables.
La investigación reveló una aceitada logística de asociación ilícita. Según la causa, la banda operaba en tres niveles:
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Captación: Sol Araceli Saavedra, hija de Romeo, era quien presuntamente reclutaba a los beneficiarios (muchos de ellos estudiantes) ofreciendo planes como el Progresar.
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Gestión: Juan José Saavedra, hermano del puntero y entonces funcionario en la Gerencia de Empleo de la Nación, utilizaba su cargo para agilizar expedientes y habilitar los plásticos.
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Recaudación: Romeo Saavedra era el encargado de la “caja”, asistiendo a los cajeros para retirar el efectivo de manera masiva.
El escándalo estalló el 20 de diciembre de 2017, cuando la impaciencia de otros clientes en un cajero del Banco Hipotecario delató a Romeo. El hombre demoraba la fila realizando decenas de operaciones consecutivas; al ser intervenido por la Policía, se le secuestraron 51 tarjetas de débito y $80.000 en efectivo, producto de las extracciones del día.
Bajo la presidencia del juez Hugo Echegaray, el Tribunal Oral Criminal Federal inicia el debate en un contexto de posibles acuerdos. Trascendió que la fiscalía y la defensa evalúan la posibilidad de un juicio abreviado. En este escenario, los Saavedra deberían confesar su culpabilidad y aceptar la responsabilidad penal sobre el fraude a la administración pública a cambio de una reducción en el monto de las penas.
La maniobra de la organización era voraz: de un plan que en aquel entonces promediaba los $1.800, el clan se quedaba con $1.000, entregando apenas el saldo restante al beneficiario real. Este esquema de “retorno” sistemático es el que la justicia busca castigar para sentar un precedente sobre el manejo discrecional de la asistencia social en la provincia.
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