El Gobierno nacional avanza en la creación de una agencia que otorgará ciudadanía argentina a extranjeros que realicen inversiones superiores a los US$500.000. Se tratará de un organismo descentralizado que funcionará dentro del Ministerio de Economía y será presentado en los próximos días mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), como parte de una reforma migratoria integral.
Según pudo saber TN, el equipo de la Secretaría Legal y Técnica, encabezado por María Ibarzabal, trabaja en los últimos ajustes legales para evitar eventuales presentaciones judiciales que frenen la implementación. En la Casa Rosada reconocen que la medida podría terminar judicializada, pero aseguran que prefieren “demorar su lanzamiento antes que enfrentar un freno inmediato”.
La iniciativa se inspira en el modelo estadounidense, donde el programa EB-5 ofrece residencia permanente a quienes invierten al menos un millón de dólares y crean diez empleos permanentes. En ese país, el esquema se gestiona desde Select USA, dependiente del Departamento de Comercio, y el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).
La futura agencia argentina estará encargada de evaluar y certificar proyectos de inversión, así como de coordinar la promoción internacional de la ciudadanía vinculada a inversiones productivas. También trabajará en conjunto con la Cancillería, a cargo de Gerardo Werthein, y con la Dirección Nacional de Migraciones, que depende del jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Si bien actualmente existe la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional (AAICI), desde el Ejecutivo señalan que esta nueva estructura cumplirá un rol distinto, más enfocado en atraer capitales con beneficios migratorios.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que la reforma migratoria será publicada en el Boletín Oficial antes de las elecciones legislativas en la Ciudad de Buenos Aires. Además del nuevo esquema de ciudadanía por inversión, el DNU incluirá mayores restricciones a la entrega de residencias, un sistema de aranceles para el acceso a la salud y la universidad pública por parte de no residentes, y una reforma en el proceso de deportación de inmigrantes ilegales.
El decreto establecerá que la ciudadanía solo podrá obtenerse tras una residencia continua de dos años en el país, y que todo extranjero condenado por un delito será deportado, sin importar la gravedad de la infracción. “Quienes entren o permanezcan de forma irregular no van a ser recompensados con la ciudadanía como ocurría hasta ahora”, remarcó el secretario de Comunicación.
La medida genera expectativas entre sectores empresarios, pero también despierta interrogantes sobre sus consecuencias sociales, jurídicas y económicas. En los próximos días se conocerán los detalles del DN
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