Cierra la causa penal: la Fiscalía no investigará más el accidente del nieto de José Luis Gioja
Tras más de un año del violento choque en Capital que dejó a un joven en terapia intensiva, el fiscal Sebastián Gómez aplicó un criterio de oportunidad al considerar que no existió una "imprudencia grave". La víctima rechazó una oferta de 10.000 dólares, pero aún puede avanzar por la vía privada.
A más de un año del violento siniestro vial que dejó al borde de la muerte a un joven en el cruce de Maipú y General Acha, la Unidad Fiscal de Delitos Especiales decidió cerrar la vía penal contra Fabricio Gabriel Gioja Gilabert, conductor de la camioneta involucrada y nieto del exgobernador José Luis Gioja.
La medida fue adoptada por el fiscal Sebastián Gómez mediante una resolución fechada el 29 de septiembre de 2026. Tras analizar las pericias accidentológicas, actas policiales y los informes médicos, el magistrado resolvió aplicar un criterio de oportunidad, lo que significa desistir de la acción penal pública por entender que no se registraron elementos de “imprudencia grave o temeridad” en la conducta del imputado.
Cómo fue el violento impacto
El hecho ocurrió el 6 de julio de 2025, minutos antes de las 06:00 horas. Según la reconstrucción judicial, Gioja circulaba a bordo de una camioneta Toyota Hilux por calle Maipú de oeste a este y, al llegar a General Acha, no habría respetado la señalización de PARE.
Como consecuencia de la maniobra, impactó violentamente contra un Peugeot 308 conducido por Elías Rodrigo Peze López, quien avanzaba de sur a norte. El choque provocó heridas de extrema gravedad en Peze López, quien sufrió traumatismo encéfalo craneano con contusión hemorragica, fractura de cráneo, traumatismo facial múltiple y un cuadro de tórax cerrado con hemorragia interna. La magnitud de las lesiones exigió su internación en terapia intensiva bajo coma inducido y un pronóstico reservado, determinando el médico legista un total de 60 días de incapacidad.
Los motivos de la Fiscalía y el rechazo del acuerdo
El fiscal argumentó que el caso carece de los requisitos de grave afectación al interés público necesarios para sostener la persecución penal, destacando la escasa lesividad bajo los parámetros legales y la ausencia de agravantes.
En paralelo, la resolución detalla que existió un intento de conciliación por parte de la defensa de Gioja, que ofreció una reparación económica de 10.000 dólares. Sin embargo, la propuesta fue rechazada por la víctima. En el plano económico, la cobertura de la aseguradora y un embargo preventivo dictado por el 8° Juzgado Civil sobre un inmueble vinculado al rodado garantizan la vía de los daños y perjuicios.
Los próximos pasos para la víctima
El archivo de la causa en el fuero penal público no implica el desamparo total de Peze López. Conforme a la normativa procesal de San Juan, la resolución habilita a la víctima a convertir la acción penal pública en privada, contando con un plazo de 60 días para querellar al conductor bajo las reglas de dicho proceso si así lo desea.
OP: Sebastián Almada
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