Ciberdelito en alerta: San Juan registra hasta 250 casos mensuales y busca fortalecer la investigación
La provincia enfrenta un marcado incremento de fraudes digitales y estafas virtuales desde 2024. Ante este escenario, especialistas de todo el país se reunieron en el Centro Cívico para debatir sobre ciberdefensa, inteligencia artificial y nuevas herramientas de persecución penal.
El crecimiento sostenido de las estafas virtuales y los fraudes digitales se ha convertido en uno de los principales desafíos de seguridad en la provincia de San Juan, donde actualmente se contabilizan entre 200 y 250 delitos informáticos al mes. La cifra, revelada por el secretario de Seguridad, Enrique Delgado, refleja una tendencia en aumento iniciada en 2024 que exige una transformación radical en las metodologías tradicionales de investigación policial y judicial.
A diferencia de los delitos convencionales, la cibercriminalidad se caracteriza por la ausencia de una escena del hecho físicamente delimitada. Según explicó el funcionario, las víctimas, los autores del engaño y las transacciones económicas suelen encontrarse distribuidos en distintas provincias o incluso fuera del país, una complejidad geográfica que vuelve indispensable la articulación entre organismos locales, nacionales e instituciones especializadas.
Ante este panorama, las autoridades provinciales organizaron el Primer Congreso de Cibercrimen, Ciberdefensa e Inteligencia Artificial en el auditorio Eloy Camus del Centro Cívico. El encuentro, realizado junto a la organización Clicnex, reunió a especialistas de todo el país, integrantes de las fuerzas de seguridad, miembros del Ministerio Público Fiscal y abogados para debatir sobre informática forense, análisis de evidencia digital y el rastreo de operaciones financieras vinculadas a criptomonedas.
Si bien la Policía de San Juan ya dispone de áreas técnicas específicas, como el D-8 y las divisiones de Delitos Complejos, Delgado advirtió que la rapidez con la que evolucionan estas modalidades delictivas requiere una actualización profesional constante. Asimismo, remarcó que el uso de nuevas herramientas tecnológicas de investigación debe complementarse con un estricto marco jurídico que proteja los datos personales de los ciudadanos y garantice el control sobre el almacenamiento y tratamiento de la información obtenida.
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