China condena a muerte a once miembros del clan Ming por operar campos de “ciberesclavos”

La familia Ming operaba en la frontera con Myanmar. Además de las condenas a muerte, hubo sentencias de hasta 24 años de prisión.

Un tribunal chino ha dictado pena capital para once integrantes del clan Ming, acusados de liderar un vasto imperio criminal de fraudes en línea, explotación laboral, y violencia mortal en campos conocidos como “centros de estafa” ubicados en la frontera entre China y Myanmar.

¿De qué se les acusa?

El Tribunal Popular Intermedio de Wenzhou, en la provincia de Zhejiang, determinó que los condenados forman parte de los principales responsables de un sindicato criminal familiar que, entre otras actividades ilícitas, operaba redes de estafa online, casinos ilegales, trata de personas, y asesinatos de quienes intentaban escapar o desobedecían las órdenes.
El grupo operaba desde puestos establecidos en la región de Kokang, en Myanmar, un área fronteriza con China donde proliferan centros de fraude trasnacional.

Entre las evidencias se incluye el uso de la fuerza armada para controlar estos complejos de estafa, la muerte de al menos 10 personas —incluyendo algunas víctimas que escapaban o que fueron abatidas durante traslados forzosos—, y la cooptación de trabajadores víctimas de tráfico para obligarlos a participar en actividades fraudulentas.

Las penas

  • 11 miembros fueron condenados a muerte.

  • Otros cinco acusados recibieron penas de muerte con suspensión (pena de muerte aplazada), lo que en la legislación china implica que si el condenado no comete más delitos durante un periodo específico, la pena puede conmutarse.

  • Además, doce personas más fueron sentenciadas a penas de prisión que varían entre 5 y 24 años.

Las sentencias aún no son definitivas: en China, las condenas de muerte deben ser revisadas por el Tribunal Supremo antes de su aplicación.

Este fallo se enmarca en una ofensiva más amplia del gobierno chino para desmantelar redes de fraude transfronterizo que operan desde regiones fronterizas con países del Sureste Asiático como Myanmar. Pekín ha señalado que estos centros no solo cometen fraudes, sino que son focos de trata de personas y violaciones graves de derechos humanos.

En el discurso oficial, se ha destacado que este tipo de estructuras se aprovechan de la precariedad económica, de la vulnerabilidad de migrantes y de las lagunas regulatorias entre países limítrofes. El caso del clan Ming se ha convertido en uno de los más mediáticos por la magnitud del daño estimado, tanto económico como humano.

El caso del clan Ming parece hacer visible la gravedad de los “campos de ciber-fraude” no solo como un problema de delincuencia tecnológica, sino como un fenómeno que combina explotación humana, violencia, corrupción transnacional y alto impacto económico. La condena a muerte de once miembros marca un precedente fuerte, aunque condicionado por la revisión de la sentencia y por el escrutinio internacional.

Por: The Guardian

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