CEF 20: Fiscalía busca llevar a juicio a imputados por ‘alquileres ilegales’
El escándalo de los supuestos ‘alquileres ilegales’ en el Centro de Educación Física N°20 (CEF 20) sigue acumulando tensiones judiciales.
La Fiscalía de Impugnación, representada por Fabrizio Médici, presentó un recurso de queja ante la Corte de Justicia para revertir un fallo que permite a uno de los imputados, Mario César Sanz, solicitar una probation, lo que suspendería el juicio a cambio de tareas comunitarias, reglas de conducta y el pago de $250.000 como reparación simbólica.
El caso y los implicados
La causa involucra a tres imputados:
- Mario César Sanz, quien busca evitar el juicio con una probation.
- Daniel Samat, exdirector del CEF 20, que también solicitó este beneficio.
- Miguel Jofré, exfuncionario, quien pidió ser sobreseído.
La Fiscalía, liderada por Francisco Micheltorena, y la Fiscalía de Estado, representada por Claudio Herrera, se oponen categóricamente a estas solicitudes. Ambos organismos solicitan penas de 5 años de prisión efectiva y la inhabilitación absoluta perpetua para los acusados, alegando delitos de peculado, estafas y otros vinculados al uso indebido de instalaciones y servicios del CEF 20, conocido popularmente como ‘La Granja’.
El recorrido judicial
La jueza de Garantías, Gema Guerrero, rechazó los pedidos de probation y sobreseimiento de los defensores, argumentando que la ley procesal no permite apelar decisiones tomadas en esta instancia y que no se vulneraron derechos de los imputados.
Sin embargo, la defensa de Sanz, encabezada por Marisel Sanz, llevó el caso al Tribunal de Impugnación con una queja por denegación de recurso, alegando que los derechos de su cliente estaban siendo violados. El juez de Impugnación, Benedicto Correa, aceptó el planteo, indicando que debía haberse concedido la apelación porque se trataba de una solicitud que, según jurisprudencia de la Corte Suprema, puede tener efectos definitivos para el imputado y debe ser resuelta antes del juicio.
La postura de la Fiscalía
Ante este fallo, el fiscal Médici recurrió a la Corte de Justicia local. Argumenta que la defensa de Sanz no debió salir del marco de la audiencia de control de acusación, ya que, según fallos previos, los pedidos en esa etapa solo pueden ser revisados por la jueza que los rechazó, a través de un recurso de revocatoria.
El futuro del caso
La disputa mantiene en suspenso la audiencia final que definirá cuándo los imputados enfrentarán el juicio oral. Por ahora, la decisión recae en la Corte de Justicia, que deberá resolver si acepta el pedido de Médici o confirma el fallo del Tribunal de Impugnación.
Este caso se perfila como un ejemplo del choque entre las estrategias defensivas y los límites procesales, mientras la Fiscalía busca garantizar que los implicados enfrenten las acusaciones en un juicio público.
Op: Juan Llarena
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