Caza digital: cómo los algoritmos de Google y WhatsApp acorralaron a dos pedófilos en San Juan

La Justicia sanjuanina resolvió este lunes una de las causas mediante un juicio abreviado. El imputado, Facundo Calivar Romero (37), fue condenado a un año y dos meses de prisión condicional tras declararse culpable del delito de tenencia de material de abuso y explotación sexual infantil (MASI). La investigación no nació del rastreo policial tradicional, sino de una alerta automática emitida por Google y un reporte posterior de una red de Buenos Aires que detectó que el implicado almacenaba este material en su cuenta de correo electrónico.

La investigación de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, liderada por el fiscal Guillermo Heredia, reunió pruebas contundentes contra el acusado. Entre los elementos clave, se determinó que Calivar Romero utilizaba dispositivos de su madre para cometer los delitos y que poseía múltiples cuentas de respaldo. Aunque los perfiles eran distintos, todos operaban bajo la misma dirección IP, número de teléfono y fecha de nacimiento. La fiscalía aclaró que no se pudo identificar a las víctimas, confirmando que no se trataba de menores de edad del entorno del condenado. El juez Roberto Montilla homologó el acuerdo, dictó la pena condicional y ordenó la devolución de los dispositivos secuestrados, por lo que el hombre continuará en libertad bajo reglas de conducta.

Este fallo se suma a un escenario de intensa actividad judicial contra este tipo de delitos en la provincia. Apenas tres días antes, el viernes 15 de mayo, la Justicia local formalizó otra investigación similar contra un hombre de 30 años por tenencia y distribución de material de abuso sexual infantil. En esta oportunidad, el caso se activó tras un reporte internacional de WhatsApp enviado desde Estados Unidos que encendió las alarmas de las autoridades locales sobre la actividad del usuario.

Este segundo expediente quedó en manos del fiscal Eduardo Gallastegui. El eje de la causa es un video de contenido explícito que involucra a una víctima menor de edad no identificada. Si bien las primeras pericias sugieren que el material audiovisual no fue filmado en la provincia, los investigadores señalaron que mantienen abiertas todas las hipótesis. El imputado en esta causa ya cuenta con tres condenas previas por delitos contra la propiedad (unificadas en una pena de 3 años y 10 meses de prisión), por lo que el juez de garantías dictó dos meses de prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial, otorgando un año a la fiscalía para cerrar la investigación.

Ambos casos, resueltos en menos de una semana, ponen en evidencia el cambio de paradigma en la persecución de los delitos informáticos en San Juan. El monitoreo constante y los reportes automáticos de las grandes plataformas tecnológicas se han convertido en la herramienta más efectiva para la Justicia local, permitiendo sacar a la luz conductas delictivas complejas que, de otro modo, permanecerían ocultas en la intimidad de los dispositivos digitales.